Definen quién manejará el negocio gastronómico del Ángel Bustelo

Adjudicación del servicio gastronómico

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) resolvió adjudicar la explotación comercial del servicio de catering, restaurante, confitería y cafetería del Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” y del Auditorio Ángel Bustelo. La concesión fue otorgada a la empresaria Graciela Josefina Hisa Logrippo por un período de 48 meses.

La decisión quedó oficializada en una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde se detalla que el objetivo es garantizar la gestión de estos espacios estratégicos para el turismo de reuniones en la provincia de Mendoza.

Cómo fue la licitación

El proceso licitatorio contó inicialmente con siete oferentes, aunque solo tres presentaron propuestas técnicas y económicas completas. Entre los evaluados estuvieron Nicolás William Caruso Salas, Daniela Gisel Puthod y la firma finalmente adjudicada.

Durante el análisis, la comisión detectó documentación incompleta en algunas ofertas y solicitó la subsanación de requisitos obligatorios, como el certificado de visita al complejo y la garantía de mantenimiento de oferta, calculada sobre el canon mensual del contrato.

Rechazos y decisión final

Ante el incumplimiento de esos requisitos en el plazo establecido, el Emetur rechazó las propuestas observadas y avanzó con la evaluación de la oferta ganadora. El dictamen técnico concluyó que la adjudicación resultaba la más conveniente en términos económicos y de calidad del servicio.

El pliego contempló un sistema de puntaje de 100 puntos que evaluó antecedentes comerciales, calidad del servicio y cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. La presidenta del organismo, Gabriela Testa, ratificó la decisión al considerar que la adjudicataria cumplía con las condiciones legales y operativas.

Antecedentes del contrato

La nueva concesión se da tras la salida de la empresa La Criolla SAS, que había abandonado el servicio luego de ocho meses de contrato. El organismo provincial aún debe resolver aspectos vinculados a la garantía de ejecución del acuerdo anterior, tras la rescisión unilateral.