Sociedad Por: Redacción Mendoza Times03 de agosto de 2026

Paro docente: el Gobierno controlará el servicio mínimo en las escuelas

Las inspecciones se realizarán durante el paro nacional convocado por CTERA. El Gobierno sostiene que debe garantizarse al menos el 75% del servicio educativo.

El paro docente nacional de este lunes comenzó con un fuerte contrapunto entre el Gobierno nacional y los gremios de la educación. Mientras CTERA ratificó la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano confirmó que realizará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento del servicio mínimo previsto por la normativa vigente y advirtió que podrá aplicar sanciones si detecta incumplimientos.

La decisión coincide con el reinicio de las clases tras el receso invernal y marca la primera aplicación del protocolo impulsado por el Gobierno desde que la educación fue incorporada como servicio esencial.

Qué controles realizará el Gobierno durante el paro docente

El operativo estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que efectuará inspecciones en escuelas para constatar el nivel de actividad durante la jornada de protesta.

Según informó oficialmente el Ministerio de Capital Humano, si se detectan situaciones que no respeten las obligaciones establecidas por la ley, se activarán los mecanismos previstos para iniciar actuaciones contra las entidades sindicales responsables.

El Gobierno indicó que los controles buscan verificar que se garantice una prestación mínima del 75% del servicio educativo durante la medida de fuerza.

Qué establece la ley sobre el servicio esencial en educación

El Ejecutivo fundamentó la decisión en la Ley 27.802, que declara a la educación como un servicio esencial y dispone que, durante conflictos colectivos o medidas de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.

De acuerdo con esa normativa, las escuelas deben mantener un funcionamiento básico para asegurar la continuidad del derecho a la educación de niños y adolescentes.

Desde la Casa Rosada señalaron que, si las inspecciones detectan incumplimientos, podrán iniciarse sumarios administrativos, además de aplicarse multas económicas y otras sanciones previstas para las organizaciones gremiales.

La aplicación de la ley continúa bajo discusión judicial

Aunque el Gobierno sostiene la vigencia del protocolo, la aplicación de esta norma permanece bajo análisis en la Justicia.

Una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió de manera provisoria la declaración de esencialidad mientras se tramita una demanda contra esa legislación.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo sostiene que, tras la apelación presentada, el criterio que limita el ejercicio del derecho de huelga continúa vigente hasta que exista una resolución judicial definitiva.

Qué reclama CTERA y qué decidieron los gremios de la CGT

El paro nacional fue convocado por CTERA, que reclama la apertura de la paritaria nacional docente, mejoras salariales, la restitución del FONID, una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, conectividad, becas y programas socioeducativos.

Además, el sindicato manifestó objeciones a una eventual reforma jubilatoria y al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

En cambio, los gremios docentes que integran la CGT resolvieron no interrumpir las clases. En su lugar, anunciaron un plan de lucha con actividades informativas, trabajo a reglamento, una movilización y una conferencia de prensa prevista para este lunes.

El Gobierno ratificó las inspecciones en todo el país

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó que antes del paro se reunió el Consejo Federal de Educación junto a representantes de las provincias y de la Nación para coordinar las acciones destinadas a garantizar la continuidad del dictado de clases.

Desde el Ministerio remarcaron que, aunque la administración de los establecimientos educativos corresponde a cada jurisdicción, el Estado nacional entiende que tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la normativa y resguardar el derecho a la educación de los estudiantes.

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