Alertan por el avance de construcciones clandestinas en Mendoza
Las construcciones clandestinas en Mendoza volvieron a encender las alarmas entre los especialistas. En una provincia considerada la de mayor peligrosidad sísmica del país, ingenieros advierten que una parte significativa de las viviendas y edificios fue levantada sin permisos municipales ni controles técnicos durante la obra, una situación que podría tener consecuencias graves ante un terremoto.
Los datos elaborados a partir de estadísticas de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) muestran la dimensión del problema: uno de cada cinco metros cuadrados construidos en Mendoza durante los últimos 25 años se realizó sin autorización municipal.
Más de 5 millones de metros cuadrados fueron edificados sin autorización
De acuerdo con el relevamiento, entre 2000 y 2024 se construyeron más de 5,1 millones de metros cuadrados sin permisos, una superficie que representa casi el 24% de todo lo edificado en la provincia durante ese período.
Lejos de disminuir, la problemática se profundizó en los últimos años. Solo en 2024, las construcciones clandestinas representaron más del 30% de los metros cuadrados edificados, el porcentaje más elevado registrado desde 2019.
Por qué las obras clandestinas representan un riesgo en Mendoza
La preocupación de los profesionales excede el incumplimiento administrativo. En una provincia donde la actividad sísmica forma parte de la realidad cotidiana, la ausencia de inspecciones durante la construcción impide verificar aspectos fundamentales para la seguridad estructural.
Entre ellos se encuentran la calidad de los materiales utilizados, la correcta ejecución de columnas y vigas, el dimensionamiento de la estructura y la profundidad de los cimientos, elementos esenciales para que una vivienda pueda responder adecuadamente frente a un movimiento sísmico.
Desde el Centro de Ingenieros de Mendoza explican que cuando una obra se regulariza una vez finalizada, los municipios ya no tienen posibilidad de comprobar si durante su ejecución se respetaron las exigencias establecidas por las normas antisísmicas.
Por ese motivo, remarcan que la aprobación posterior de un plano no garantiza que una construcción sea segura frente a un terremoto ni certifica que haya sido ejecutada conforme a los estándares técnicos requeridos.
La falta de controles municipales, bajo la lupa
Los especialistas sostienen que uno de los principales factores que favorecieron el crecimiento de las construcciones clandestinas es la pérdida de controles municipales durante la ejecución de las obras.
Recuerdan que históricamente los inspectores detectaban edificaciones que avanzaban sin cartel de obra o sin autorización y paralizaban los trabajos hasta que la situación fuera regularizada.
Sin embargo, aseguran que con el paso de los años esa fiscalización se debilitó y que actualmente muchas construcciones logran completarse sin recibir ninguna inspección técnica durante su desarrollo.
También cuestionan las moratorias periódicas que permiten declarar viviendas ya terminadas mediante el pago de multas o tasas municipales. Según entienden, ese mecanismo termina incentivando la informalidad en lugar de promover el cumplimiento previo de la normativa vigente.
La burocracia también impulsa las obras sin permiso
Desde el sector profesional consideran que otro de los factores que alimenta esta problemática son los tiempos que demandan los trámites para obtener un permiso de construcción.
Si bien varios municipios avanzaron en la digitalización de expedientes para agilizar las autorizaciones, todavía existen procedimientos que pueden demorar varios meses. Esa situación, afirman, lleva a numerosos propietarios a iniciar las obras sin esperar la aprobación correspondiente y regularizar la documentación recién cuando la construcción ya está terminada.
En ese contexto, los ingenieros insisten en la necesidad de fortalecer tanto los mecanismos de control como la agilización de los trámites administrativos, con el objetivo de reducir las construcciones clandestinas y garantizar que las nuevas edificaciones cumplan con las condiciones de seguridad que exige una provincia con elevado riesgo sísmico.