Mendoza presentó su nuevo Régimen Penal Juvenil
El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura el proyecto que busca establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia y adecuar el funcionamiento del sistema local a la normativa nacional. La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.
La propuesta apunta a reemplazar el régimen provincial vigente y reorganizar tanto los mecanismos judiciales como los dispositivos destinados a la ejecución de medidas y penas. El proyecto incluye un Código Procesal Penal Juvenil de más de 110 artículos, además de modificaciones en la estructura institucional encargada de intervenir en estos casos.
La nueva edad de responsabilidad penal
Uno de los principales cambios estará dado por la aplicación de la Ley Nacional 27.801, que comenzará a regir el próximo 5 de septiembre. Según explicó Rus, su entrada en vigencia será automática en todo el territorio nacional, independientemente del tratamiento que tenga la iniciativa provincial en la Legislatura.
De esta manera, los adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos alcanzados por la nueva normativa quedarán sujetos al sistema de Justicia Penal Juvenil. La funcionaria remarcó que el objetivo no es únicamente establecer responsabilidades, sino generar mecanismos de intervención temprana que permitan evitar la reincidencia.
Qué delitos aparecen con mayor frecuencia
Los registros provinciales utilizados para fundamentar la reforma muestran que entre los adolescentes que hasta ahora eran considerados inimputables predominan determinados tipos de delitos. Según los datos expuestos por la ministra, las lesiones representan el 22% de los casos y los robos, el 9%.
Rus sostuvo además que los hechos protagonizados por menores no presentan una participación significativa en delitos de extrema gravedad. Como referencia, mencionó que durante el último año se registró un homicidio relacionado con un menor inimputable, ocurrido en un contexto de violencia intrafamiliar.
En paralelo, entre los adolescentes de 16 a 18 años que ya se encuentran bajo el régimen penal juvenil, durante el último año fueron contabilizados 511 casos. De ese universo, solo 46 recibieron penas de privación de la libertad, mientras que el 91% cumplió medidas alternativas.
Seguimiento individual y reinserción
El proyecto establece que la privación de la libertad sea utilizada como último recurso. En su lugar, se priorizarán mecanismos destinados a acompañar al adolescente y trabajar sobre las circunstancias que lo llevaron a entrar en conflicto con la ley.
Para eso se incorpora la figura del Supervisor Especializado, que tendrá responsabilidades de seguimiento, asistencia y control. También se prevén planes individuales que contemplen aspectos educativos, laborales, familiares y comunitarios.
La iniciativa incorpora herramientas como el monitoreo electrónico, la permanencia domiciliaria supervisada, tratamientos específicos, restricciones de acercamiento y pautas educativas o laborales. En los casos donde un juez determine la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de personas adultas.
Educación y prevención como parte del sistema
El Gobierno provincial también busca que la reforma tenga un componente preventivo. Desde el Ministerio de Educación señalaron que continuará el trabajo en las escuelas para explicar a los estudiantes el alcance de la nueva normativa y las consecuencias vinculadas con la responsabilidad penal.
El programa comenzó en 2024 y durante 2025 alcanzó a más de 300 escuelas secundarias mendocinas. Además de abordar la responsabilidad penal juvenil, incluye contenidos relacionados con problemáticas como las apuestas online y el uso responsable de imágenes.
García Zalazar sostuvo que el abordaje deberá ser integral y adaptarse a las circunstancias particulares de cada adolescente. En ese sentido, mencionó que situaciones vinculadas con adicciones, conflictos familiares u otras problemáticas sociales podrán ser incorporadas al seguimiento de cada caso.
Una nueva estructura para ejecutar las medidas
La reforma también contempla una reorganización institucional. La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil tendrá a su cargo la ejecución de las decisiones judiciales, la administración de los dispositivos especializados y la articulación con organismos judiciales y administrativos.
El proyecto regula además los establecimientos especializados, los centros de régimen abierto y otros espacios destinados al cumplimiento de medidas alternativas. En el ámbito judicial, establece procedimientos específicos para las distintas etapas del proceso e incorpora mecanismos de justicia restaurativa y mediación cuando las características de cada caso lo permitan.
Mendoza prepara la implementación
Desde el Ejecutivo aseguraron que la provincia cuenta con capacidad para poner en marcha el nuevo régimen desde septiembre, aunque reconocieron que será necesario continuar ampliando la infraestructura en el mediano y largo plazo. Entre las obras pendientes figura una sede de Upana en el Valle de Uco.
La Provincia comenzó a preparar la transición meses atrás y en junio avanzó en un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación, que contempla asistencia técnica, capacitación, supervisores especializados y herramientas tecnológicas para el seguimiento de los casos.
Ahora, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley provincial. Mientras tanto, el 5 de septiembre marcará el inicio de la aplicación de la normativa nacional, que obligará a Mendoza a poner en funcionamiento el nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil.