Denuncian falta de imparcialidad en la causa D'Agostino
La grave denuncia por abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino, continúa generando repercusiones políticas y sacudones en el Poder Judicial local. Tras permanecer catorce días sin un magistrado asignado al control del expediente, se determinó la asunción de una nueva autoridad para destrabar el proceso, aunque la medida cosechó un rápido cuestionamiento por parte de la representación legal de la víctima.
El movimiento judicial que dejó el cargo vacante
La causa penal había quedado acéfala a mediados del mes de mayo, luego de que la jueza original, Eleonora Arenas, dejara sus funciones en el Juzgado Penal Colegiado para pasar a desempeñarse como integrante del Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción.
Este traslado provocó que el resonante caso, que mantiene al ex funcionario provincial imputado por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, quedara en un limbo administrativo durante dos semanas. Finalmente, las autoridades cubrieron la vacante con la jura de María Jimena Pina González en el rol de conjueza, asignándole de forma directa la resolución del conflicto.
El pedido de apartamiento inmediato
La designación no trajo calma al proceso, ya que la abogada querellante, Elena Quintero, formalizó una recusación contra la flamante magistrada interina. La representación de la ex pareja de D'Agostino solicitó el apartamiento de la funcionaria al considerar que existen elementos objetivos y comprobables que vulneran las garantías de un proceso transparente e independiente.
El eje del reclamo radica en la situación laboral de Pina González, quien actualmente participa de los concursos del Consejo de la Magistratura de Mendoza para obtener un puesto permanente en el fuero penal mendocino. Según la presentación de la querella, esta condición de interinato y dependencia institucional genera un escenario de condicionamiento respecto al tribunal donde debe actuar, restándole la autonomía necesaria para fallar en una causa de alto impacto político.
Por último, desde la parte denunciante advirtieron sobre otra irregularidad en el procedimiento, señalando que la acordada que habilitó el nombramiento de la conjueza nunca fue publicada en las plataformas oficiales de notificación para las partes involucradas, sumando así un nuevo foco de conflicto a un expediente que mantiene en vilo al poder político de la provincia.