Ley Penal Juvenil: qué cambia para adolescentes en Mendoza y en el país
La Ley Penal Juvenil entró en vigencia este sábado 5 de septiembre y modifica el régimen aplicable a los adolescentes que sean acusados de cometer delitos. El cambio central es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La Ley 27.801, sancionada en febrero en el Congreso, establece un sistema penal juvenil especializado, con penas diferenciadas según la edad, nuevas medidas de seguimiento y alternativas a la privación de la libertad.
En Mendoza, la entrada en vigencia de la norma requiere además adecuaciones en el sistema judicial, los dispositivos de alojamiento y los procedimientos que intervienen desde el momento en que un adolescente es aprehendido.
Qué cambia para los adolescentes desde este sábado
A partir de este 5 de septiembre, los jóvenes de entre 14 y 18 años quedan alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Esto significa que los adolescentes de 14 y 15 años dejarán de ser considerados inimputables y podrán ser investigados como personas penalmente responsables.
La nueva normativa establece un esquema diferenciado según la edad:
- 14 años: las penas se reducen a la mitad respecto de la escala correspondiente.
- 15 años: las penas tienen una reducción de un tercio.
- 16 y 17 años: se aplica la escala prevista, aunque dentro del régimen penal juvenil especializado.
- Pena máxima: para los delitos graves, el límite será de 15 años de prisión.
- Prisión perpetua: queda prohibida para adolescentes.
El nuevo régimen comprende todos los delitos, aunque eso no significa que en todos los casos corresponda una pena de prisión.
La prisión será principalmente para los delitos más graves
La normativa establece que la privación efectiva de la libertad tendrá como principal ámbito de aplicación los hechos de mayor gravedad.
Entre ellos se encuentran homicidios, abusos sexuales, secuestros y robos violentos.
Para situaciones de menor gravedad, los jueces podrán recurrir a otras respuestas dentro del régimen juvenil.
Entre las medidas previstas aparecen:
- Amonestaciones.
- Servicios comunitarios.
- Prohibición de salir del país.
- Restricciones de acercamiento.
- Programas educativos.
- Capacitación laboral.
- Aprendizaje de oficios.
- Tratamientos.
- Pautas de conducta.
- Monitoreo electrónico.
El objetivo planteado para estas alternativas es evitar que el encierro sea la respuesta automática y favorecer procesos de educación, capacitación y reinserción social.
Qué pasará en Mendoza con los adolescentes de 14 y 15 años
La aplicación del nuevo régimen nacional obligará a Mendoza a reorganizar parte de su estructura destinada a adolescentes en conflicto con la ley penal.
El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto para adecuar el funcionamiento judicial y los dispositivos destinados a estos jóvenes.
La propuesta también contempla los recursos necesarios para la implementación dentro del Presupuesto 2027, mientras la Provincia inició gestiones ante la Nación para acceder a las partidas previstas.
En Mendoza, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), ex COSE, es actualmente el organismo encargado de alojar a los adolescentes y aplicar las medidas socioeducativas correspondientes.
El organismo dispone de 85 plazas y actualmente tiene 47 adolescentes alojados. Las previsiones oficiales contemplan que la implementación del nuevo régimen podría generar un aumento del 30% de los detenidos.
Ese escenario plantea uno de los principales desafíos para la provincia: disponer de capacidad suficiente y, al mismo tiempo, mantener un alojamiento segmentado según edad y situación procesal.
Mendoza prepara un nuevo Código Procesal Penal Juvenil
El proyecto que analiza la Legislatura tiene dos ejes principales: reorganizar los dispositivos provinciales destinados a adolescentes y crear un Código Procesal Penal Juvenil de más de 110 artículos.
La iniciativa plantea que los adolescentes sean considerados personas en proceso de desarrollo, con derechos y garantías específicas, pero también como sujetos con obligaciones y responsabilidades frente a sus acciones.
El tratamiento legislativo contempla el análisis en comisiones, con la posibilidad de convocar a especialistas y representantes vinculados con la Justicia, seguridad, infancias y responsabilidad penal juvenil.
El nuevo esquema también prevé procedimientos específicos para la investigación, el juzgamiento y la ejecución de las penas.
Uno de los cambios operativos estará relacionado con la intervención policial cuando se trate de jóvenes de 14 y 15 años.
El procedimiento será similar al que actualmente se aplica con adolescentes de entre 16 y 18 años.
Cuando un adolescente sea aprehendido en la vía pública, deberá ser trasladado a una dependencia policial para su identificación y permanecer allí el menor tiempo posible.
Luego será llevado a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia (Upana), espacio especializado para el abordaje de estos casos.
La Provincia prevé que los adolescentes de 14 y 15 años permanezcan separados de los jóvenes de 16 y 17, tanto durante el primer abordaje como ante una eventual privación de la libertad.
Qué herramientas tendrá la Justicia Penal Juvenil
El nuevo sistema incorpora procedimientos específicos para las investigaciones que involucren a adolescentes.
Los jueces penales juveniles tendrán funciones similares a las de los jueces de garantías del sistema de adultos y controlarán las primeras etapas de las causas, incluidas las medidas de coerción y las decisiones relacionadas con la libertad.
La propuesta también busca evitar que todos los casos necesariamente lleguen a juicio. Para eso contempla herramientas como criterios de oportunidad, conciliación, mediación y mecanismos de justicia restaurativa.
Como regla general, los casos que lleguen a juicio serán tratados por un tribunal penal juvenil colegiado. La intervención de un juez unipersonal quedará reservada para situaciones excepcionales y deberá ser fundamentada.
En los casos de flagrancia, el tribunal penal juvenil actuará con integración unipersonal.
Además, el juicio por jurados no se aplicará en los procesos contra adolescentes.
Qué ocurre cuando participan adolescentes y adultos en un mismo delito
El nuevo esquema mantiene separado el sistema penal juvenil del régimen penal de adultos.
Por eso, cuando un mismo hecho involucre a un adolescente y a una persona adulta, cada uno será sometido al régimen correspondiente según su edad.
También se contemplan procedimientos específicos para los casos en los que exista participación conjunta de menores y adultos.
La ministra Rus señaló que la nueva normativa permitirá que cualquier delito cometido por un adolescente sea investigado judicialmente, aunque la existencia de un proceso no implique necesariamente una condena de prisión.
Educación, capacitación y seguimiento como parte de las sanciones
Uno de los ejes del nuevo régimen será el uso de medidas que permitan que el adolescente continúe vinculado con la educación y la capacitación laboral.
Entre las posibilidades se encuentra la obligación de terminar la escuela secundaria, aprender un oficio o realizar una capacitación laboral.
Para controlar el cumplimiento de esas medidas se incorpora la figura del Supervisor Especializado, encargado del seguimiento, asistencia y control del adolescente.
El supervisor deberá verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia y acompañar la evolución del joven.
Si existen incumplimientos reiterados, el juez podrá revisar la medida y avanzar hacia una sanción más severa.
Un plan individual para cada adolescente
El Código Procesal Penal Juvenil también contempla planes individuales de intervención y reinserción.
Estos programas deberán establecer objetivos relacionados con la educación, el trabajo, la familia y la comunidad, de acuerdo con la situación particular de cada adolescente.
El Ministerio de Educación tendrá participación en los procesos de seguimiento y reinserción, mediante abordajes adaptados a las condiciones educativas, familiares y sociales de cada joven.
Cuando corresponda el encierro, el proyecto prevé además distintas etapas de progresividad y mecanismos de egreso gradual, sujetos al cumplimiento de objetivos y a evaluaciones técnicas.