El IPV detectó deudas de hasta $155 millones en viviendas
Una deuda de $155.750.900,49 y 95 cuotas impagas es uno de los casos más llamativos incluidos en las nuevas intimaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Mendoza.
El organismo emplazó a adjudicatarios de distintos barrios por moras en el pago de las cuotas y situaciones vinculadas con la ocupación de las viviendas. Los avisos fueron publicados este lunes en el Boletín Oficial.
Las personas alcanzadas tienen 10 días hábiles para presentar su defensa, aportar pruebas y regularizar las situaciones señaladas. Cuando existen cuotas pendientes, también deberán cancelar la deuda dentro de ese período.
Las deudas más llamativas aparecen en distintos barrios
El caso de mayor monto corresponde a una vivienda del barrio Almirante Brown, en Las Heras. Allí, el IPV informó una deuda calculada al 30 de septiembre de 2026 que supera los $155 millones.
Además de la mora, el organismo detectó irregularidades relacionadas con el estado de ocupación de la vivienda.
Pero el monto de la deuda no es el único dato que sobresale entre las intimaciones. En otros barrios, los avisos muestran obligaciones acumuladas durante una gran cantidad de cuotas.
Entre los casos mencionados aparecen:
- Las Dos Costas, Guaymallén: 205 cuotas adeudadas, con un monto actualizado de $175.851,27.
- Los Peregrinos y Fuerza Segura, Godoy Cruz: 180 cuotas impagas, con una mora de $184.929,31 al 30 de septiembre.
- Barrio Bonfanti, Guaymallén: distintos adjudicatarios fueron intimados por irregularidades en la ocupación y cuotas pendientes.
- Casa 20, manzana B del barrio Bonfanti: deuda de $2.578.112,60, correspondiente a 17 cuotas.
- Otra vivienda del mismo barrio registra $1.301.370,44 por 17 cuotas.
- Otro adjudicatario acumula $215.481,82 correspondientes a tres cuotas.
Los montos y la cantidad de cuotas adeudadas varían entre los distintos expedientes, pero en todos los casos el IPV abrió una instancia para que los adjudicatarios puedan regularizar su situación.
Qué puede pasar si las situaciones no se regularizan
Las intimaciones no significan que las viviendas hayan sido desadjudicadas. El procedimiento contempla primero un período para que los beneficiarios ejerzan su defensa y presenten las pruebas que consideren correspondientes.
Dentro de los 10 días hábiles, los adjudicatarios deberán responder al emplazamiento y, cuando corresponda, cancelar la mora.
Si las condiciones exigidas no se cumplen, el IPV puede avanzar con el procedimiento administrativo de desadjudicación, previsto en el artículo 37 del Decreto 868/77.
La normativa también contempla obligaciones vinculadas con el destino y la ocupación de las unidades. En ese sentido, el artículo 26 del Decreto 868/77 establece disposiciones sobre esas condiciones, mientras que el artículo 37 regula el proceso de desadjudicación.
El IPV también revisa la ocupación de las viviendas
Los controles no se limitan al pago de las cuotas. Entre las situaciones detectadas aparecen también casos en los que el organismo observó irregularidades en la ocupación efectiva de las viviendas.
Durante 2026, el Gobierno provincial informó que el IPV profundizó los controles y cruzó información con otros organismos para identificar adjudicatarios con deudas.
El organismo también comenzó a revisar con mayor intensidad el uso y la ocupación de las viviendas sociales.
La intimación constituye así una instancia previa dentro del procedimiento. Los beneficiarios tienen la posibilidad de regularizar sus deudas mediante alternativas de pago y resolver las situaciones observadas antes de que eventualmente avance una desadjudicación.
El objetivo señalado por el Gobierno es recuperar viviendas que no cumplen con las condiciones establecidas para su adjudicación y mejorar el recupero de las cuotas para destinar esos recursos a nuevas soluciones habitacionales.