Cornejo cambia las reglas de la pauta oficial y genera polémica
El artículo 56 del proyecto de Presupuesto provincial vuelve a poner bajo la lupa el manejo de la pauta oficial en Mendoza. La iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo establece nuevas reglas para la rendición de los gastos de publicidad estatal, en medio de cuestionamientos judiciales por el cumplimiento de la normativa vigente.
El cambio aparece después de años de reclamos para conocer con mayor detalle cómo se distribuyen los recursos destinados a publicidad y propaganda oficial.
La normativa que quedó en el centro de la discusión
El Gobierno provincial debía cumplir con la ley 6496, sancionada en 1997, y con el decreto 08/2001. Entre otras obligaciones, esas normas establecían la presentación de informes periódicos ante la Legislatura sobre los gastos de pauta oficial y las razones que justificaban las erogaciones.
Según los cuestionamientos realizados, durante los últimos años esos requisitos no se habrían cumplido de manera integral.
Incluso, el subsecretario de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, Pablo Sarale, firmó resoluciones que invocaban el decreto 08/2001, aunque las organizaciones que impulsan los reclamos sostienen que no se cumplían todas las exigencias previstas por esa normativa.
La discusión terminó en la Justicia después de que la ONG Fiscalía Ciudadana reclamara durante años una rendición más detallada de los fondos destinados a pauta.
Una causa que llegó hasta la Corte
Ante la falta de respuestas, Fiscalía Ciudadana acudió a la Oficina de Ética Pública. Allí, el auditor Gabriel Balsells Miró sostuvo que la ley 6496 no se encontraba vigente.
Esa interpretación fue cuestionada posteriormente y el conflicto llegó a la Corte, mientras la parte actora solicitó que declaren funcionarios del área de Comunicación, entre ellos Pablo Sarale.
También fueron mencionados Luis Petri y Tadeo García Zalazar, quienes en 2013 habían pedido informes relacionados con el supuesto incumplimiento de la ley durante la gestión del exgobernador Francisco Pérez.
En los últimos meses, además, la Contaduría General entregó cinco contratos correspondientes a 2024 a partir de un pedido de acceso a la información pública.
Los documentos muestran que las resoluciones se fundamentaban en el decreto 08/2001. Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que, pese a esa referencia, no se cumplían todas las obligaciones establecidas por la ley 6496.
Qué propone ahora Cornejo
En ese contexto, Cornejo incorporó al proyecto de Presupuesto un artículo destinado a establecer nuevas reglas para informar los gastos de pauta oficial.
El esquema propone que la Contaduría General envíe a la Legislatura información de manera trimestral. Deberá indicar el nombre o razón social del proveedor, los montos contratados y un detalle de la campaña institucional o acto de gobierno al que corresponde la publicidad.
El punto que genera cuestionamientos es que el nuevo esquema no contempla expresamente la obligación de informar la motivación del gasto o las razones por las cuales se seleccionó un determinado medio o programa.
Además, el proyecto establece: “Deróguese toda disposición que refiera a obligación, plazo y procedimiento de información pública de Publicidad y Propaganda”.
La frase es uno de los aspectos que mayor atención genera entre las organizaciones que vienen siguiendo el tema.
Las críticas de Nuestra Mendoza
La Fundación Nuestra Mendoza también se pronunció sobre el cambio propuesto y puso el foco en la información que dejaría de exigirse.
Desde la institución remarcaron que la ley 6496, en su inciso g), establece la obligación de informar las razones que justificaron la selección de un determinado medio o programa por sobre otros.
Por eso, consideran que la nueva normativa podría significar un retroceso en materia de transparencia, al eliminarse esa exigencia específica.
El debate ahora queda planteado en la Legislatura, donde el artículo 56 deberá ser analizado junto con el resto del Presupuesto provincial. En el centro de la discusión está nuevamente la forma en que el Gobierno de Mendoza informa y justifica el uso de los recursos destinados a pauta oficial.