El petrismo impulsa un límite a las reelecciones legislativas en Mendoza
La iniciativa presentada por legisladores radicales vinculados a Luis Petri, encabezados por el diputado provincial Carlos Ponce, busca modificar las reglas de permanencia en la Legislatura de Mendoza. La propuesta apunta a promover la renovación política y la alternancia mediante un límite a las reelecciones consecutivas en ambas cámaras.
El proyecto plantea una enmienda del artículo 64 de la Constitución provincial para impedir que una misma persona permanezca en funciones legislativas durante más de dos períodos seguidos. La restricción también alcanzaría a quienes intenten continuar su carrera parlamentaria cambiando de Diputados al Senado o viceversa.
Cómo funcionaría el límite a las reelecciones
Según el texto presentado, los legisladores podrán ejercer dos mandatos consecutivos como máximo, ya sea en una misma cámara o alternando entre ambas. Una vez cumplidos esos períodos, deberán esperar cuatro años antes de volver a postularse para integrar la Legislatura.
La iniciativa no modifica la duración de los mandatos ni establece una prohibición definitiva para quienes hayan ocupado una banca durante varios períodos. En cambio, fija un intervalo obligatorio para evitar la continuidad inmediata en el Poder Legislativo.
Entre los argumentos expuestos por sus autores figura la necesidad de ampliar las oportunidades de participación y reducir las ventajas que puede generar una permanencia prolongada en los cargos públicos, como una mayor exposición ante el electorado y la consolidación de estructuras partidarias.
Los fundamentos aclaran que la propuesta no implica cuestionar la conducta de quienes llevan varios mandatos, sino establecer reglas comunes para todos los representantes legislativos.
La diferencia con las reglas para gobernador e intendentes
Uno de los ejes del proyecto es la diferencia entre las condiciones de reelección previstas para los distintos cargos electivos en Mendoza. De acuerdo con los fundamentos, el gobernador y el vicegobernador no pueden ser reelegidos de manera inmediata, mientras que los intendentes tienen permitido un único período consecutivo de reelección antes de tener que esperar para volver a competir.
Para los diputados y senadores provinciales, en cambio, la Constitución no establece actualmente un límite expreso a la cantidad de reelecciones consecutivas. Los impulsores de la iniciativa consideran que esa diferencia justifica incorporar una restricción específica para los integrantes de ambas cámaras.
La reforma se instrumentaría mediante el mecanismo de enmienda constitucional previsto en el artículo 223. Para avanzar, deberá reunir el respaldo de los dos tercios de los integrantes de cada cámara legislativa y posteriormente someterse a la consideración de la ciudadanía en la próxima elección de diputados.
Cuándo comenzaría a regir y qué otros cambios propone el petrismo
El proyecto establece que el cómputo de los mandatos comenzaría con los períodos iniciados después de la entrada en vigencia de la enmienda. De este modo, no se contabilizarían retroactivamente los mandatos cumplidos antes de una eventual modificación constitucional.
Además, se prevé que la Junta Electoral Provincial adopte las medidas necesarias para instrumentar la consulta popular si la Legislatura aprueba la propuesta. El texto también aclara que no busca modificar los artículos 70 y 78 de la Constitución provincial, vinculados con aspectos de los mandatos de diputados y senadores.
La iniciativa se suma a otras propuestas presentadas por el petrismo para introducir cambios en distintas áreas de la administración provincial.
En materia tributaria, un proyecto redactado por Girselda Petri y acompañado por integrantes de su bloque plantea permitir que los contribuyentes utilicen saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar otros impuestos provinciales. La propuesta apunta a facilitar la compensación de créditos fiscales acumulados por retenciones bancarias y pagos a cuenta, sin modificar las alícuotas ni reducir la carga tributaria.
Por otra parte, el espacio presentó iniciativas para modificar el funcionamiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Una de ellas propone liberar los precios del trámite para que los talleres habilitados establezcan sus propias tarifas y extender los plazos de inspección para vehículos particulares.
La segunda apunta a reducir la frecuencia de los controles para vehículos comerciales, incluidos taxis, remises y unidades de carga. Según el proyecto, los rodados de menos de diez años realizarían la revisión una vez al año, mientras que los de mayor antigüedad deberían hacerlo cada seis meses, en reemplazo de los intervalos más cortos vigentes que describe la iniciativa.