El Gobierno aplicó bajas y sanciones en Seguridad
El Gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo, publicó 14 decretos con sanciones disciplinarias, cesantías, exoneraciones y desafectaciones en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Las resoluciones alcanzan a personal policial, penitenciario y civil, e incluyen casos vinculados con inasistencias injustificadas, abandono del servicio y falta de acreditación de estudios secundarios.
Las medidas también comprenden bajas obligatorias por acumulación de sanciones, suspensiones laborales y el rechazo de recursos administrativos presentados por agentes que buscaban revertir decisiones anteriores. Además, se dispuso la desafectación de dos auxiliares policiales investigados judicialmente y se confirmó la exoneración de un exsubcomisario condenado por delitos dolosos.
Cuáles son los motivos de las sanciones en Seguridad
Los decretos abarcan diferentes situaciones administrativas y disciplinarias dentro de las fuerzas provinciales. Entre los fundamentos se encuentran incumplimientos de las obligaciones laborales, antecedentes judiciales y requisitos de ingreso o permanencia en el servicio.
Los principales casos incluyen:
Abandono del servicio e inasistencias injustificadas de personal penitenciario y civil.
Acumulación de puntos disciplinarios que derivaron en bajas obligatorias de efectivos policiales.
Falta de acreditación del título secundario por parte de integrantes del Servicio Penitenciario.
Suspensiones laborales de 10 y 50 días para agentes de las fuerzas provinciales.
Desafectaciones de auxiliares policiales que afrontan investigaciones judiciales.
Exoneración de un exsubcomisario condenado por concusión y allanamiento ilegal.
En varios expedientes, el Ejecutivo rechazó recursos jerárquicos y confirmó sanciones aplicadas con anterioridad. Los agentes habían cuestionado aspectos de los procedimientos, la proporcionalidad de las medidas o presuntas vulneraciones de sus derechos de defensa.
Los casos más relevantes de las resoluciones oficiales
Exoneración de un exsubcomisario condenado
El Gobierno confirmó la exoneración de un exsubcomisario de la Policía de Mendoza, condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de concusión y allanamiento ilegal.
El Ejecutivo consideró que la condena firme por delitos dolosos constituye una causal de exoneración prevista en la Ley 6722. También rechazó los argumentos de la defensa sobre la proporcionalidad de la sanción y sus antecedentes profesionales.
Dos auxiliares policiales fueron desafectados
Las resoluciones incluyeron la desafectación de dos auxiliares incorporados en junio de 2026, cuyos casos quedaron vinculados con investigaciones judiciales.
Uno de ellos afronta una investigación por amenazas agravadas y desobediencia, en la que se había ordenado prisión preventiva por cinco meses. El otro aparece como sospechoso en una causa por presunta estafa.
En ambos casos, las autoridades resolvieron no avanzar con la confirmación de sus designaciones durante el período de interinidad, al considerar que existían circunstancias que justificaban su apartamiento.
Bajas obligatorias por acumulación de sanciones
El Ejecutivo también confirmó la baja obligatoria de dos expolicías por acumulación de puntos disciplinarios.
Uno de los agentes superó los límites previstos en la normativa policial. En el otro expediente, se registraron 107 puntos disciplinarios entre octubre de 2017 y octubre de 2020.
Los recursos presentados fueron rechazados por cuestiones vinculadas con los plazos administrativos y la validez de los procedimientos.
Cesantías por abandono del servicio y ausencias
Entre las medidas también figura la cesantía de un exsuboficial ayudante del Servicio Penitenciario por abandono del servicio. Según el expediente, había dejado de concurrir a trabajar el 19 de mayo de 2023 sin presentar justificaciones.
Otro caso involucra a un empleado civil de planta permanente del Ministerio de Seguridad y Justicia, cuya cesantía se dispuso mediante el Decreto 2255 por inasistencias injustificadas y falta de prestación efectiva de tareas.
Sanciones y cesantías en el Servicio Penitenciario
Varias resoluciones alcanzaron a integrantes del Servicio Penitenciario por incumplimientos vinculados con las exigencias laborales y de formación.
Entre ellas se encuentran una suspensión de 50 días para una suboficial y una sanción de cesantía contra un penitenciario que no acreditó la finalización de sus estudios secundarios.
El Gobierno también confirmó la cesantía de tres exintegrantes del Servicio Penitenciario por no cumplir con el requisito educativo. En esos expedientes, los agentes habían cuestionado la legalidad de los procedimientos, los plazos y la proporcionalidad de las medidas.
Qué resolvió el Gobierno sobre otros reclamos administrativos
Los decretos también rechazaron planteos de un exoficial ayudante cesanteado en 2020 y de una aspirante que buscaba ingresar a la Policía de Mendoza.
En el primer caso, el Ejecutivo sostuvo que la investigación administrativa podía avanzar de manera independiente del proceso penal. En el segundo, consideró que la evaluación de ingreso contemplaba tanto los requisitos formales como las condiciones de conducta e idoneidad exigidas por la normativa.
Con estas resoluciones, el Gobierno dejó firmes distintas sanciones y decisiones administrativas dentro de las fuerzas provinciales. Los expedientes abarcan desde incumplimientos laborales hasta antecedentes judiciales y requisitos de permanencia en el servicio.