Redacción Mendoza Times
En un escenario de fuerte pulseada política y legislativa, el conflicto por el presupuesto educativo sumó un capítulo determinante en los tribunales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó de forma unánime una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, la cual había sido objeto de un veto por parte del presidente Javier Milei que posteriormente fue revertido por insistencia del Congreso.
A través de un fallo que lleva las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal del país desestimó un recurso de queja presentado por el Poder Ejecutivo. La Corte argumentó razones técnicas para rechazar el planteo oficialista, advirtiendo que la presentación estatal no se dirigía contra una sentencia definitiva del caso.
La decisión judicial se enfoca de manera directa en el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley, apartados que exigen la actualización automática de los salarios para el personal docente y no docente del país, además de la recomposición presupuestaria de los programas de bienestar estudiantil.
El litigio en la Justicia federal comenzó luego de que el Gobierno dictara el Decreto 759/2025, una normativa con la cual la administración de La Libertad Avanza supeditaba la vigencia de la ley de financiamiento a que se determinara previamente el origen de los recursos económicos en el presupuesto.
Ante esta traba administrativa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con diversas casas de altos estudios, presentó una acción de amparo. En esa instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó la cautelar a favor de las universidades, forzando al Gobierno a girar los fondos y derivando en la posterior apelación oficialista que la Corte Suprema acaba de sepultar.
Sin impacto fiscal inmediato: Desde los despachos oficiales aclararon que este fallo no alterará de forma drástica las proyecciones económicas vigentes. Esto se debe a que el pasado 10 de junio, la administración central y el sector universitario firmaron un acuerdo que convalidó una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
La legislación ratificada por la vía judicial establece una reforma estructural en la forma en que el Estado nacional sostiene a las universidades públicas:
Cláusula gatillo por inflación: Establece la actualización automática de las partidas presupuestarias en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec.
Obligación de paritarias: El Ejecutivo queda obligado a convocar de forma regular a mesas paritarias para asegurar que los sueldos de profesores y no docentes no queden desfasados frente a la inflación acumulada.
Inyección de recursos y becas: Contempla un fondo de inyección inmediata de $10.000 millones y la ampliación de programas de becas estudiantiles para sectores vulnerables.
Aumento en base al PBI: Proyecta una suba escalonada de la inversión estatal en educación superior, partiendo de un 1% del PBI en 2026 hasta alcanzar un 1,5% del PBI en 2031, bajo auditorías de control específicas.
Tras conocerse el fallo de la Corte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, utilizó sus redes sociales para celebrar la resolución judicial: "Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social", destacó en la plataforma X.
