Nahuel CofréLa investigación judicial que sacude desde hace años a la política de Las Heras dio un nuevo paso y quedó mucho más cerca del juicio oral. La Suprema Corte de Mendoza desestimó un recurso extraordinario federal impulsado por la defensa de Janina Ortiz, lo que dejó firme la decisión que había ordenado elevar a juicio la causa conocida como la de la “cooperativa fantasma”.
Con esta resolución, el expediente continuará su recorrido hacia un tribunal penal, donde se definirán las audiencias preliminares y posteriormente la fecha del debate oral contra los acusados.
La causa analiza supuestas irregularidades cometidas durante la gestión municipal encabezada por Daniel Orozco en Las Heras. Según la acusación, una cooperativa llamada “Manos a la Obra” habría sido utilizada para justificar contrataciones y pagos por servicios que, de acuerdo con la investigación, nunca se realizaron.
Para los investigadores, existió un circuito de desvío de fondos públicos mediante facturación irregular vinculada a tareas de limpieza y reciclado. Parte de las pruebas indican que varias de las personas incluidas en las planillas no trabajaban realmente para la cooperativa y que incluso aparecieron firmas adulteradas.
El monto bajo sospecha equivaldría a unos 200 mil dólares, según los cálculos incorporados en el expediente.
Además de Ortiz y Orozco, el pedido de elevación a juicio alcanzó a exfuncionarios municipales, asesores y personas vinculadas políticamente a la gestión lasherina.
Entre ellos figuran el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, el contador Juan Pablo Pandolfi, el exconcejal Matías Mostaccio, Adrián “Moco” Pérez y el excontador Daniel Herrera.
En paralelo, otros imputados lograron evitar el juicio luego de acuerdos judiciales y pagos millonarios, ya que sus responsabilidades fueron encuadradas bajo figuras culposas.
Uno de los elementos más importantes para la fiscalía surgió a partir del análisis del teléfono celular de Pandolfi. Allí habrían aparecido conversaciones y mensajes que, según los investigadores, evidencian coordinaciones para mover fondos municipales de manera irregular.
La causa también reúne transferencias bancarias, decretos administrativos, documentación oficial y testimonios que reforzaron la hipótesis acusatoria presentada por el fiscal Juan Ticheli.
La situación de Janina Ortiz se volvió cada vez más compleja desde que asumió como diputada provincial por La Unión Mendocina en diciembre de 2023. Semanas después de asumir, la Cámara de Diputados decidió suspenderla debido al avance de las causas judiciales en su contra.
Durante el proceso, la dirigente presentó distintos pedidos de nulidad y recursos para cuestionar actuaciones judiciales y frenar medidas procesales, aunque ahora la Suprema Corte terminó rechazando uno de sus últimos intentos por evitar la llegada a juicio.
Además de este expediente, Ortiz también enfrenta otra investigación vinculada a presuntas amenazas coactivas.
