Redacción Mendoza Times
La investigación judicial por violencia de género y abuso sexual contra el exsubsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino, ingresa en una etapa de definiciones institucionales. Tras un engorroso proceso de impugnaciones, sorteos e inhibiciones que paralizó el expediente durante todo el mes de junio, el Tribunal Penal Colegiado fijó fecha para una audiencia clave.
La cita judicial tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio de 2026 a las 14:30 horas en las instalaciones del Polo Judicial. Allí, el tribunal —recientemente conformado por los magistrados Mauricio Juan, Carmen Magro y Fernando Martínez— escuchará los alegatos cruzados para resolver de forma definitiva la recusación interpuesta contra la conjueza María Jimena González Pina.
La abogada querellante, María Elena Quintero, representante legal de la denunciante, fundamentó el pedido de apartamiento de la magistrada bajo los siguientes ejes:
Falta de estabilidad: Sostiene que González Pina "carece de estabilidad institucional" debido a que su pliego para un cargo permanente aún depende del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Esto, según la querella, vulnera la apariencia de imparcialidad al tratarse de una causa que involucra a un exfuncionario con fuertes vínculos en el poder político y judicial.
Falta de transparencia: La presentación denuncia que la acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) que habilitó el nombramiento de la conjueza no fue publicada oficialmente.
Planteo constitucional: Cuestionó la constitucionalidad del artículo 80 del Código Procesal Penal de Mendoza, el cual determina que las recusaciones se resuelven en instancia única, sin vías de apelación.
Por su parte, la conjueza María Jimena González Pina rechazó de forma taxativa los cuestionamientos de la querella y se negó a inhibirse por motus propio:
"La sola condición de conjuez que ostente el magistrado, designado conforme a la legislación vigente y las acordadas dictadas por la Suprema Corte, aun cuando todavía no tenga el acuerdo senatorial, le permite actuar en cada caso como juez natural", argumentó la jueza en el escrito remitido al tribunal.
González Pina catalogó las objeciones como "meras especulaciones carentes de respaldo en evidencia objetiva" y recordó que la propia jurisprudencia del máximo tribunal provincial estipula que los nombramientos interinos no violan las garantías constitucionales ni existen pruebas de que la estabilidad de un magistrado dependa de cómo falle en un expediente particular.
La llegada de González Pina a la causa se produjo a fines de mayo luego de un complejo panorama de vacantes en el Poder Judicial que obligó a cubrir juzgados con conjueces. Antes de su designación, el caso D'Agostino pasó por las manos de otras dos magistradas:
María Cristina Pietrasanta: Fue apartada inicialmente porque el sorteo de asignación no contó con la presencia de la parte querellante.
Eleonora Arenas: Fue recusada por la querella, pero antes de resolverse su situación fue promovida por el Senado al Tribunal Penal Colegiado. Más tarde, al ser sorteada para revisar el pliego de González Pina, decidió inhibirse alegando "violencia moral" por la fuerte exposición mediática del caso.
Se espera que los jueces del tribunal resuelvan el planteo de forma oral durante la misma jornada del viernes o, en su defecto, pospongan la resolución para notificarla formalmente por escrito a las partes durante los días subsiguientes.
