Redacción Mendoza Times
Mendoza se convertirá en el distrito testigo clave para la implementación de la reforma judicial más profunda de los últimos años. El Gobierno provincial anunció de forma oficial que reúne las condiciones técnicas, operativas e institucionales para ser la primera jurisdicción de la Argentina en aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a partir del 1 de septiembre de 2026.
La reforma, sustentada bajo la Ley Nacional 27.801, reduce la edad de imputabilidad a los 14 años y establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos agravados, abusos sexuales y secuestros.
En marzo, el Ejecutivo local había admitido la necesidad de financiamiento para el nuevo esquema. Sin embargo, un informe del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua reveló que las autoridades provinciales confían en que la capacidad instalada actual permitirá absorber el flujo inicial de menores de 14 y 15 años sin recurrir de inmediato a macroinversiones edilicias.
Mendoza cuenta con la ventaja de tener estructuras consolidadas como la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y la Unidad de Medidas Alternativas. No obstante, para cumplir con las exigencias de la nueva ley, el Ministerio de Seguridad y Justicia avanza a contrarreloj con obras de refacción en el predio del ex COSE:
Población actual bajo encierro: El sistema alberga a 41 adolescentes de 16 y 17 años privados de la libertad de forma estricta.
Población con medidas alternativas: Existen 451 jóvenes que cumplen pautas de conducta, programas de inclusión social y acompañamiento en territorio.
Logística interna: Las refacciones edilicias en marcha buscan garantizar la separación total de los internos por franjas de edad y por género, prohibiendo además cualquier contacto con la población penal adulta.
Para blindar jurídicamente la aplicación de la norma nacional, la Legislatura mendocina avanza en la redacción de un nuevo Código Procesal Penal Juvenil. A diferencia del sistema anterior, la responsabilidad legal de los menores ya no se limitará a un catálogo acotado de delitos, sino que abarcará la totalidad del Código Penal argentino.
La normativa local regulará un abanico de respuestas judiciales previas al encierro institucional, tales como:
Restricciones de concurrencia y prohibiciones de acercamiento a las víctimas.
Dispositivos de monitoreo electrónico (tobilleras).
Apercibimientos y esquemas de reparación comunitaria.
Para reducir las tasas de reincidencia, se sumará la figura del Supervisor. Se trata de un cuerpo de profesionales de la salud mental, el trabajo social y el derecho que coordinará a los operadores de calle. Tras un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, este personal recibirá capacitación especializada.
La última pieza de la reforma será la implementación de un software nacional de gestión centralizada. Esta plataforma informática unificará los antecedentes penales de cada menor con su trayectoria socioeducativa, médica, familiar y las intervenciones previas de las áreas de protección de derechos. El objetivo es que los jueces especializados dispongan de una radiografía digital en tiempo real antes de dictaminar una sentencia o una medida de coerción.
