Redacción Mendoza TimesEl Gobierno de Mendoza avanzará con un proyecto de ley para otorgarle un marco normativo al Laboratorio de Identificación Balística, una herramienta destinada a fortalecer las investigaciones judiciales mediante el análisis de las marcas que deja cada arma al disparar. La iniciativa llegará a la Legislatura durante el segundo semestre y ya despertó cuestionamientos por parte de representantes de los legítimos usuarios de armas.
Qué busca el proyecto y cómo funcionará el sistema
La propuesta surge cinco meses después de que el Ministerio de Seguridad dejara sin efecto el protocolo de identificación balística que había generado controversias en distintos sectores vinculados a la actividad.
Ahora, el Ejecutivo pretende que el funcionamiento del laboratorio quede respaldado por una ley, en lugar de una resolución administrativa. Según explicó la ministra Mercedes Rus, el objetivo es que el sistema cuente con un respaldo similar al del Laboratorio de Huella Genética.
La herramienta permitirá determinar si un arma fue utilizada en distintos hechos delictivos y establecer vínculos entre investigaciones a partir del análisis balístico de cada disparo.
Desde el Ministerio también señalaron que las armas que actualmente ingresan al sistema ya están siendo peritadas e incorporadas a la base de datos, para que la información esté disponible cuando entre en vigencia el nuevo marco legal.
Las observaciones de los usuarios registrados de armas
Aunque la iniciativa cambia el instrumento legal, referentes del sector sostienen que persisten varias dudas sobre su implementación.
El presidente de la Asociación Civil Mendoza de Actividad Cinegética (Acmac), Luis Alberto Piazza, consideró que la propuesta tiene una finalidad válida, pero cuestionó que vuelva a concentrar los controles sobre los usuarios registrados, mientras que gran parte de los delitos con armas de fuego involucran armamento proveniente del mercado ilegal o sustraído de depósitos judiciales.
Entre las principales inquietudes mencionó que todavía no está definido quién aportará la munición para las pruebas balísticas, quién asumirá esos costos ni cómo se organizará el traslado de las armas hacia los centros de peritaje.
Además, advirtió que existen armas antiguas o de colección cuyos calibres ya no se fabrican, lo que podría dificultar la realización de los estudios exigidos.
El debate sobre las armas ilegales
Desde Acmac también plantearon que el Estado debería priorizar el análisis de las armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad y de aquellas que permanecen bajo custodia judicial.
Según sostienen, las armas utilizadas en hechos delictivos suelen provenir del mercado ilegal, por lo que, en muchos casos, no formarían parte de una base de datos oficial de identificación balística.
