Redacción Mendoza TimesLa modificación fue oficializada mediante la Resolución N° 840, publicada en el Boletín Oficial, y será de aplicación obligatoria en los programas habitacionales vigentes y futuros del organismo.
Qué cambia con el nuevo procedimiento del IPV
Hasta ahora, la falta de una resolución judicial firme sobre las figuras de apoyo podía demorar o incluso frenar el avance de un expediente habitacional.
Con la nueva normativa, la constancia que acredita el inicio del trámite judicial será suficiente para habilitar la preadjudicación o el Cierre Social de la vivienda cuando se trate de personas con discapacidad certificada que requieran un sistema de apoyos.
La resolución también establece que la sentencia definitiva será exigida recién antes de la escrituración y de la constitución de la hipoteca. Mientras tanto, las áreas sociales del IPV realizarán el seguimiento de cada caso.
Además, cuando el postulante no cuente con representación legal, la Gerencia de Gestión Social deberá brindarle asesoramiento y derivarlo a la Asesoría de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Capacidad Restringida del Ministerio Público de la Defensa para facilitar el trámite.
El objetivo de la medida y qué ocurrirá antes de escriturar
Desde el organismo explicaron que la modificación busca eliminar trabas administrativas y evitar que los tiempos de la Justicia terminen perjudicando el acceso a la vivienda de personas en situación de vulnerabilidad.
La resolución se fundamenta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la vivienda sin discriminación y promover sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica.
Para resguardar el sistema habitacional, el IPV incorporará una cláusula especial en los contratos de adjudicación. Allí se establecerá la obligación de presentar la sentencia judicial firme antes de la escrituración definitiva, requisito indispensable para constituir la hipoteca sobre la vivienda.
En caso de incumplimiento, el contrato podrá resolverse de pleno derecho y el organismo quedará facultado para recuperar el inmueble conforme a la normativa vigente.
