Redacción Mendoza TimesEl Gobierno de Mendoza avanzó formalmente en la Justicia para quitarle la protección gremial a cinco empleados administrativos de la Cámara de Senadores de la provincia. A través de un decreto firmado por el gobernador, el Poder Ejecutivo instruyó de manera oficial a la Asesoría de Gobierno para que inicie las demandas de exclusión de tutela sindical contra los agentes legislativos.
Con esta medida, la gestión provincial ratifica una resolución previa emitida por la presidencia de la Cámara Alta en octubre del año pasado, la cual solicitaba avanzar de forma urgente con este proceso de quita de fueros.
La decisión del Senado mendocino de avanzar judicialmente contra los delegados se sostiene sobre dos realidades contractuales bien diferenciadas:
Contratos ya vencidos: en primer lugar, existen tres agentes administrativos cuyos vínculos laborales con la Legislatura caducaron durante el año 2025. Sin embargo, debido a la estabilidad y protección legal que les otorgan sus cargos como delegados sindicales, el Estado provincial no ha podido efectivizar su desvinculación.
No renovación de cargos temporarios: los dos casos restantes corresponden a trabajadores que actualmente prestan servicios bajo la modalidad de contrato temporario próximo a vencer. La intención explícita de las autoridades del Senado es no renovarles el puesto una vez cumplido el plazo, motivo por el cual requieren que la Justicia los despoje de la inmunidad gremial de forma anticipada.
El procedimiento cuenta con el respaldo técnico del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, cuyo dictamen avaló la competencia del mandatario provincial para ordenar la representación en juicio del Estado mendocino en este conflicto.
La demanda judicial se encuadrará estrictamente bajo los lineamientos de la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales (N° 23.551), normativa que regula las garantías para el ejercicio de las funciones gremiales pero que también contempla los mecanismos institucionales para revocar dicha protección cuando existen causas justificadas por parte del empleador.
