Redacción Mendoza Times
El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para acelerar los desalojos impulsados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La norma ya entró en vigencia y busca agilizar la recuperación de viviendas sociales desadjudicadas.
La reforma incorpora el juicio monitorio como mecanismo para tramitar estas demandas y establece que las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV serán suficientes para iniciar el proceso judicial, sin necesidad de otros títulos.
Con la nueva normativa, el IPV solo deberá presentar la resolución firme que ordena la desadjudicación y la restitución del inmueble para avanzar con el desalojo. Además, las notificaciones realizadas conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo serán consideradas válidas.
Otro de los cambios centrales es que las apelaciones o recursos administrativos presentados por los adjudicatarios no suspenderán automáticamente el juicio de desalojo. La ejecución solo podrá frenarse si así lo dispone expresamente el propio IPV o la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el marco de una Acción Procesal Administrativa.
La ley también faculta al directorio del IPV a dictar un reglamento específico para regular aspectos vinculados a adjudicaciones, desadjudicaciones, precios, alquileres y reajustes de las viviendas sociales.
