Redacción Mendoza TimesEl Complejo Penitenciario Almafuerte quedó bajo la lupa de la Justicia mendocina. Internos del penal presentaron un hábeas corpus colectivo denunciando presuntas condiciones precarias de detención, lo que motivó que el juez Diego Flamant realizara este miércoles una inspección ocular y presencial en las instalaciones del establecimiento de máxima seguridad.
La presentación judicial, impulsada por la abogada Elena Quintero, detalla una serie de supuestas deficiencias estructurales y de asistencia que afectan el día a día de la población carcelaria. Tras dar curso al recurso, Flamant se constituyó en el penal para verificar la veracidad de los reclamos y resolverá entre este jueves y viernes si hace lugar al planteo y ordena medidas de fondo.
Como medida inmediata para constatar la situación en el territorio, el magistrado dispuso una metodología directa: entre las 10 y las 11 de la mañana del miércoles, ordenó que los internos referentes y delegados de cada módulo fueran trasladados a la Secretaría del juzgado que funciona dentro del mismo complejo. Allí, mantuvieron una entrevista personal y privada con el juez para relatar las carencias edilicias y de servicios.
En paralelo a la inspección, el juez Flamant le notificó al Servicio Penitenciario de Mendoza la obligación de entregar una serie de informes técnicos y detallados sobre el estado de los siguientes puntos críticos:
Sobrepoblación: se solicitó la capacidad real exacta de alojamiento de cada módulo y ala del complejo para determinar si existe hacinamiento.
Servicios básicos: precisiones sobre el funcionamiento de la calefacción frente a la ola de frío actual y detalles sobre el suministro y calidad del agua potable, incluyendo los protocolos activos cuando fallan las bombas de agua.
Salud e higiene: informes sobre la frecuencia en la entrega de elementos de limpieza y aseo personal, los horarios de atención médica, demoras en el suministro de fármacos y la viabilidad de una guardia médica permanente las 24 horas.
Educación y comunicación: relevamiento de la demanda insatisfecha y los cupos disponibles en los niveles educativos CEBJA, CENS y CCT. Asimismo, se pidió conocer el estado actual de las líneas de telefonía fija destinadas a los internos tras la reciente prohibición del uso de teléfonos celulares.
La inspección judicial no se limitó únicamente al interior de las celdas, sino que también hizo foco en la situación de los allegados de los detenidos. El magistrado solicitó datos precisos sobre los tiempos de espera y las condiciones de las requisas a las que son sometidas las familias.
A su vez, exigió información sobre la infraestructura dispuesta "extramuros", requiriendo saber si las personas que aguardan afuera del establecimiento para ingresar cuentan con acceso a baños públicos, sanitarios y lugares de resguardo adecuados ante las inclemencias climáticas.
