Redacción Mendoza Times
El capítulo de la reforma de la Ley de Tierras Rurales fue eliminado del proyecto de propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional, luego de las dificultades para conseguir apoyo político en el Senado. La iniciativa buscaba modificar de manera profunda el régimen actual y permitir una mayor participación de inversores extranjeros en la adquisición de campos.
La propuesta oficial planteaba eliminar las restricciones para que personas físicas y empresas privadas extranjeras pudieran comprar tierras rurales, aunque mantenía controles especiales para operaciones realizadas por Estados extranjeros, empresas públicas o sociedades bajo control gubernamental.
Desde el Ejecutivo sostenían que la normativa vigente representaba una limitación para atraer inversiones en sectores como forestación, riego y cultivos permanentes, especialmente en regiones como Cuyo, el NEA y la Patagonia.
Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, un límite que también se aplica en provincias y municipios. Además, fija restricciones específicas para zonas estratégicas, cuerpos de agua permanentes y áreas cercanas a fronteras.
Según datos oficiales, alrededor del 6% de la superficie rural argentina está en manos extranjeras, una cifra que se encuentra por debajo del máximo permitido por la legislación vigente.
En la región existen diferentes modelos para controlar la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Brasil mantiene uno de los sistemas más restrictivos, con límites que impiden que propietarios extranjeros superen determinados porcentajes dentro de un municipio y establecen topes según la nacionalidad de los compradores.
El control brasileño está a cargo del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), que registra las operaciones y supervisa el cumplimiento de las restricciones. De aprobarse la reforma argentina, el esquema local habría quedado más abierto que el del país vecino.
En Uruguay, en cambio, no existen prohibiciones generales para que extranjeros compren campos, aunque el Estado exige mecanismos de transparencia. Las empresas propietarias deben informar quiénes son sus accionistas y mantener actualizada la composición societaria para garantizar la trazabilidad de la propiedad.
Paraguay presenta una situación diferente, con una fuerte presencia de capital extranjero en el sector rural. Distintos estudios estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros, aunque en algunas zonas fronterizas la proporción es mucho mayor.
Sin embargo, especialistas aclaran que ese proceso responde a décadas de desarrollo agropecuario y convive con regulaciones específicas sobre la compra de tierras. Por eso, advierten que una alta participación extranjera no implica necesariamente una ausencia total de controles.
La eliminación del capítulo dejó en pausa la discusión sobre una posible apertura del mercado de tierras argentino, mientras el Gobierno deberá definir si intenta retomar el debate en otra instancia legislativa.
