Cobos pidió investigar los fondos nacionales destinados a las rutas

El exvicepresidente Julio Cobos presentó ante la Fiscalía de Estado de Mendoza un pedido para investigar el destino de los recursos nacionales destinados a infraestructura vial y determinar cuánto dinero provincial se utilizó desde 2025 para intervenir en rutas que están bajo jurisdicción nacional.

La presentación fue dirigida al fiscal de Estado, Fernando Simón, y apunta a establecer si existió una subejecución de fondos nacionales para el mantenimiento y rehabilitación de rutas y si, como consecuencia de esa situación, Mendoza terminó afrontando con recursos propios obras que correspondían al Estado Nacional.

El planteo también busca determinar si ese gasto provincial generó un perjuicio económico para las arcas mendocinas y, en caso de comprobarse, avanzar con un reclamo para recuperar esos fondos.

Por qué Cobos puso el foco en las rutas nacionales

El pedido tiene como antecedente la situación que atravesaron durante 2025 distintos corredores nacionales de Mendoza, cuyo deterioro generó preocupación por la seguridad vial y también por el impacto sobre el transporte de cargas, la actividad productiva, el turismo y la conexión internacional con Chile.

Frente a ese escenario, la Provincia acordó con la Dirección Nacional de Vialidad la ejecución de trabajos sobre distintos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143.

Ese acuerdo quedó formalizado mediante el Decreto Provincial 1165/2025 y contempló aproximadamente 235 kilómetros de rutas.

Según el planteo presentado por Cobos, la intervención provincial tuvo un carácter extraordinario y buscó evitar que el deterioro de esos corredores avanzara hasta generar consecuencias todavía mayores.

La discusión que ahora propone el exgobernador es quién debe afrontar definitivamente esos costos.

Su presentación sostiene que las rutas nacionales permanecen bajo jurisdicción del Estado Nacional y que las tareas de conservación, mantenimiento y rehabilitación corresponden a los organismos nacionales competentes.

Por eso, busca determinar si la asistencia que Mendoza brindó frente a una situación crítica terminó trasladando a la Provincia obligaciones y gastos que originalmente correspondían a la Nación.

La investigación que pide Cobos apunta a los fondos disponibles

Uno de los ejes centrales del planteo está puesto en el origen y destino de los recursos destinados a infraestructura vial.

Cobos solicita que se determine cuánto dinero estuvo efectivamente disponible para obras durante 2024, 2025 y 2026 y cuánto de esos recursos terminó siendo ejecutado.

Para fundamentar el pedido, menciona el artículo 19 de la Ley 23.966, que establece una afectación específica de parte de la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos.

Según la presentación, actualmente el 28,58% de lo recaudado por ese impuesto se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.

El objetivo es conocer cuánto de ese dinero estuvo disponible para atender las necesidades de infraestructura vial y qué destino concreto tuvo.

La pregunta que busca responder Cobos es si, mientras Mendoza destinaba recursos propios para sostener rutas nacionales, existían fondos nacionales afectados específicamente a infraestructura vial que no fueron ejecutados.

Qué información quiere conocer Mendoza sobre las rutas

El planteo ante Fiscalía de Estado propone relevar las intervenciones realizadas por la Provincia desde 2025 y conocer con precisión cuánto costaron.

Para cada obra, Cobos plantea que se determine qué ruta y tramo fueron intervenidos, cuándo se realizaron los trabajos, quiénes fueron los contratistas, cuánto dinero se contrató y cuánto se pagó efectivamente.

Pero el punto que considera central es identificar la fuente de financiamiento de cada intervención y establecer cuánto salió directamente de las arcas provinciales.

El análisis alcanza especialmente a distintos corredores nacionales que atraviesan Mendoza, las rutas 7, 40, 143, 144, 145 y 146.

La intención es reconstruir cuánto puso la Provincia para atender necesidades de infraestructura que, por tratarse de rutas nacionales, no forman parte de sus obligaciones ordinarias.

El pedido también apunta a conocer qué hizo la Nación

La investigación que propone Cobos no se limita a revisar cuánto gastó Mendoza.

También solicita que el Estado Nacional informe cuánto presupuesto tenía disponible para cada ruta, qué obras estaban previstas, cuáles fueron ejecutadas y cuáles fueron suspendidas o directamente no realizadas.

Además, busca conocer los motivos por los que determinados trabajos no avanzaron y qué recursos financieros permanecían disponibles.

De esa comparación podría surgir uno de los puntos centrales del planteo: si existieron fondos nacionales destinados a infraestructura vial que no fueron utilizados mientras la Provincia debió intervenir con dinero propio.

El objetivo final es determinar si, a partir de esa situación, Mendoza tiene un crédito patrimonial frente al Estado Nacional.

Cobos quiere que se determine cuánto debería recuperar Mendoza

La presentación plantea que, si la investigación confirma que existían recursos nacionales afectados a infraestructura vial y que, al mismo tiempo, Mendoza debió financiar obras sobre rutas nacionales, la Fiscalía de Estado debería evaluar un reclamo formal.

Ese reclamo tendría como finalidad obtener el reconocimiento y reintegro de las sumas que la Provincia haya destinado a esas intervenciones.

Para Cobos, no se trataría solamente de una discusión sobre quién ejecutó determinadas obras, sino de establecer si el Tesoro mendocino terminó absorbiendo costos que correspondían a la jurisdicción nacional.

La investigación permitiría, además, contar con documentación concreta sobre los gastos realizados y los recursos que estaban disponibles en cada jurisdicción.

Qué podría pasar si la Nación no reconoce esos gastos

El planteo contempla también un escenario en el que el Estado Nacional no acepte reconocer los recursos reclamados.

En ese caso, Cobos solicita que la Fiscalía de Estado evalúe avanzar con las acciones judiciales correspondientes para defender los derechos patrimoniales de Mendoza.

La presentación incluye incluso la posibilidad de solicitar medidas cautelares si fueran necesarias para preservar esos derechos mientras se resuelve el reclamo.

Antes de llegar a esa instancia, será necesario determinar mediante documentación oficial cuánto gastó efectivamente la Provincia, qué obras ejecutó y cuál era la responsabilidad presupuestaria de la Nación en cada caso.

La discusión de fondo por el mantenimiento de las rutas

Detrás del pedido aparece una discusión que excede a una obra puntual y que tiene impacto directo sobre Mendoza.

Las rutas nacionales cumplen un papel clave para la circulación de producción, transporte de cargas, turismo y comercio, además de ser fundamentales para la conexión con otras provincias y con los pasos internacionales hacia Chile.

Cuando esos corredores presentan problemas de mantenimiento, las consecuencias no quedan limitadas al estado del pavimento. También pueden afectar los tiempos de traslado, la logística y la actividad económica de distintos sectores.

En ese contexto, Mendoza decidió intervenir durante 2025 sobre tramos que presentaban dificultades, pero ahora Cobos busca que se determine si esa respuesta provincial debe ser considerada una solución excepcional o si terminó cubriendo de manera permanente una obligación nacional.

La preocupación es que una intervención necesaria para atender una emergencia pueda terminar convirtiéndose en un antecedente para que la Provincia continúe financiando obras que corresponden a otra jurisdicción.

Ahora la Fiscalía de Estado deberá analizar el planteo

La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado de Mendoza, que deberá determinar los pasos a seguir y, eventualmente, solicitar información a los organismos provinciales y nacionales involucrados.

El proceso podría permitir reconstruir cuánto dinero destinó Mendoza desde 2025 al mantenimiento, rehabilitación y mejora de rutas nacionales y compararlo con los recursos que la Nación tenía asignados o disponibles para esas mismas necesidades.

Si de ese análisis surge que la Provincia afrontó gastos que correspondían al Estado Nacional y que existían recursos nacionales que no fueron utilizados, Cobos plantea que Mendoza debería reclamar el reintegro de esos fondos.