Redacción Mendoza Times
La diputada provincial Griselda Petri impulsó un proyecto para modificar la Ley 9.070 y establecer un mecanismo de seguimiento sobre las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública vigentes en Mendoza.
La propuesta contempla la creación del Índice Provincial de Transparencia Pública (IPTP), que funcionaría como una herramienta oficial para determinar el nivel de cumplimiento de los distintos organismos estatales.
La iniciativa cuenta además con la firma de Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce, Gustavo Cairo, Alberto López y Raúl Villach, integrantes del bloque Cambia Mendoza.
El proyecto plantea que las mediciones se realicen mediante una metodología objetiva, uniforme y pública, basada en información que pueda ser comprobada. A su vez, los resultados podrán compararse entre organismos y también con evaluaciones realizadas en períodos anteriores.
Entre las dimensiones propuestas aparecen la transparencia institucional, la publicación activa de información, el acceso a datos públicos, la gestión de la transparencia y la calidad de la información difundida.
Los resultados deberán quedar disponibles en el Portal de Transparencia de Mendoza, junto con los puntajes obtenidos, el desempeño en cada área, la evolución registrada y eventuales recomendaciones para mejorar.
Durante los primeros dos años, las mediciones se realizarían una vez por año. A partir del tercer año, el proyecto establece que pasarían a tener una frecuencia semestral.
Los organismos incluidos deberán colaborar y aportar la documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de los indicadores. Para instituciones como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación se prevén mecanismos específicos para respetar su autonomía.
Los municipios solo quedarán alcanzados cuando hayan adherido a la Ley 9.070.
La iniciativa aclara que el índice no incorporará nuevas obligaciones ni un régimen de sanciones para los organismos evaluados. Tampoco contempla la creación de una nueva estructura administrativa.
En caso de aprobarse, la autoridad de aplicación contará con 120 días desde la entrada en vigencia de la ley para definir la metodología, los indicadores y las escalas de evaluación. La primera medición deberá realizarse dentro de los seis meses posteriores a esa reglamentación técnica.
Entre los fundamentos, Petri menciona como referencia un Índice de Transparencia implementado a nivel nacional en 2024. También destaca que distintas organizaciones ya realizan relevamientos sobre el acceso a la información en Mendoza, aunque actualmente no existe una herramienta provincial permanente que concentre esas mediciones.
La legisladora sostuvo que el objetivo es que la provincia no solo cuente con normas de transparencia, sino que también pueda verificar de manera periódica su cumplimiento y utilizar los resultados para mejorar el funcionamiento de las instituciones.
