Redacción Mendoza Times
El Gobierno de Mendoza autorizó dos subsidios extraordinarios por $5.642.921.614,66 para garantizar la continuidad de dos programas considerados estratégicos para el sistema sanitario provincial: el Instituto Coordinador de Ablación e Implantes de Mendoza (Incaimen) y el Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico.
Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos 1001 y 1321, publicados este viernes en el Boletín Oficial.
El primero de los decretos establece un subsidio de $600 millones para el Incaimen, mientras que el segundo autoriza una transferencia de $5.042.921.614,66 para el programa destinado a pacientes oncológicos.
En ambos casos, los recursos serán administrados por la Asociación Cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales.
El dinero tendrá como uno de sus principales destinos la cancelación de obligaciones pendientes con proveedores, con el objetivo de evitar interrupciones en las prestaciones.
En el caso del Incaimen, los fondos permitirán afrontar deudas y sostener el funcionamiento del organismo responsable de coordinar los procesos de ablación e implantes de órganos y tejidos en Mendoza.
El Gobierno consideró necesario garantizar la continuidad de estas tareas debido al rol que cumple el instituto dentro del sistema provincial de procuración y trasplante.
El desembolso más importante estará destinado al Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico, que recibirá poco más de $5.042 millones.
Los recursos permitirán mantener la asistencia a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer y atender compromisos pendientes con proveedores vinculados al funcionamiento del programa.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida apunta a evitar que las dificultades financieras afecten la continuidad de las prestaciones sanitarias.
Los expedientes fueron acompañados por informes de auditoría, documentación contable, certificaciones fiscales y dictámenes jurídicos, además de los avales administrativos requeridos para otorgar los subsidios.
Los decretos también establecen obligaciones de rendición de cuentas. En caso de incumplimiento, la entidad administradora podrá quedar inhabilitada para recibir nuevos subsidios y afrontar las sanciones previstas por la Ley 8706 y las disposiciones del Tribunal de Cuentas.
