Abril Masramón
La modificación de la Ley 9.545 amplía las fuentes de financiamiento y los usos posibles del Fondo Escolar Permanente, que originalmente fue creado para administrar bienes y generar recursos destinados a la infraestructura educativa.
A partir de la reforma, la DGE podrá afectar parte de esos recursos como:
El dinero no será utilizado directamente para construir las casas. Su función será servir como respaldo para facilitar que bancos, desarrolladores y organismos públicos puedan otorgar financiamiento.
La norma también establece que los edificios escolares y los bienes afectados directamente al servicio educativo no podrán utilizarse como garantía.
La reforma incorpora al Fondo los ingresos provenientes de la venta, subasta o alquiler de bienes administrados por la DGE, incluidos inmuebles, vehículos, muebles e insumos en desuso.
El objetivo es transformar bienes que pueden representar costos de mantenimiento para el Estado en recursos destinados a mejorar la infraestructura educativa.
Además, los saldos que queden disponibles al cierre de cada año permanecerán dentro del Fondo y conservarán su destino específico, en lugar de pasar a Rentas Generales.
La DGE podrá crear reservas, subcuentas, cuentas especiales, fideicomisos o fondos de garantía para respaldar las operatorias habitacionales.
El mecanismo también apunta a facilitar la participación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), entidades bancarias y desarrolladores privados.
La cantidad de recursos que podrán afectarse, las condiciones de las garantías y el saldo mínimo que deberá conservar el Fondo serán definidos posteriormente mediante la reglamentación.
La propuesta busca, además, favorecer el arraigo de los docentes y facilitar que puedan acceder a viviendas ubicadas cerca de sus lugares de trabajo.
El programa habitacional desarrollado por la DGE y el IPV contempla una primera etapa de 250 viviendas.
El esquema proyectado establece un aporte inicial del 20% del valor de la vivienda, que podría abonarse en un período de 12 o 24 meses.
El 80% restante se financiaría mediante un crédito hipotecario, con plazos que podrían llegar hasta los 30 años.
| Característica | Esquema proyectado |
|---|---|
| Primera etapa | 250 viviendas |
| Aporte inicial | 20% |
| Plazo para aporte | 12 o 24 meses |
| Financiamiento | 80% mediante crédito hipotecario |
| Plazo del crédito | Hasta 30 años |
| Superficie aproximada | 60 m² |
| Distribución | 2 dormitorios, cocina-comedor y baño |
Los terrenos podrían ser aportados por municipios, el Gobierno provincial o desarrolladores privados.
Entre las zonas donde la DGE había identificado terrenos se encuentran Guaymallén, Ciudad de Mendoza, San Rafael, Godoy Cruz y Junín, aunque la distribución definitiva dependerá de los acuerdos que se alcancen.
La aprobación de la reforma no implica que los créditos hipotecarios ya estén disponibles ni que se haya abierto una inscripción.
Antes será necesario que el Gobierno provincial promulgue la ley, establezca su reglamentación y defina las condiciones de las operatorias financieras y habitacionales.
El desafío de la próxima etapa será determinar qué docentes podrán acceder, cuáles serán los requisitos, qué entidades otorgarán los créditos y cuáles serán las condiciones de financiamiento.
Con la sanción definitiva, Mendoza ya cuenta con el marco legal para utilizar parte del patrimonio administrado por la DGE como respaldo de un programa destinado a ampliar el acceso a la vivienda para trabajadores de la educación.
