Redacción Mendoza TimesLa Ley de Reparación Previsional Docente que impulsan en Mendoza busca revisar las liquidaciones de educadores jubilados y, cuando corresponda, gestionar ante ANSES la revisión de sus haberes previsionales.
La iniciativa fue presentada por el diputado Lucas Ilardo (FP) a partir del reclamo de un grupo de exdocentes que sostiene que una parte de sus ingresos durante la actividad laboral impactó posteriormente en el cálculo de sus jubilaciones.
El planteo está vinculado con la denominada cláusula de garantía, que durante ese período tuvo carácter no remunerativo.
Según el planteo que dio origen al proyecto, algunos docentes percibieron parte de sus ingresos mediante la cláusula de garantía con carácter no remunerativo.
El reclamo sostiene que esta situación tuvo consecuencias sobre la determinación de sus haberes previsionales entre 2024 y 2026.
En abril de 2024, la Provincia había acordado en paritarias revisar la situación de quienes estaban próximos a jubilarse y permitir que ese concepto pasara a tener carácter remunerativo.
Sin embargo, el procedimiento administrativo que debía instrumentar ese cambio recién fue reglamentado en mayo de 2026.
De acuerdo con el planteo de los exdocentes, ese retraso habría impedido incorporar esos montos a tiempo en sus respectivos trámites jubilatorios.
Según indicaron los reclamantes, quienes se retiraron antes de la entrada en vigencia del procedimiento llegaron a registrar reducciones de hasta el 45% en sus ingresos previsionales.
La iniciativa busca establecer un mecanismo colectivo para determinar quiénes fueron alcanzados por esta situación y avanzar con la revisión de sus casos.
El proyecto contempla distintas acciones por parte del Estado provincial:
El objetivo es que el análisis no quede limitado a reclamos individuales, sino que pueda desarrollarse mediante un mecanismo que permita abordar de manera conjunta las situaciones alcanzadas.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el Estado provincial pueda realizar el relevamiento de oficio de los posibles afectados.
La propuesta apunta a utilizar la información salarial y previsional que ya se encuentra en poder de la Dirección General de Escuelas (DGE).
De esta manera, la intención expresada por el legislador es evitar que cada docente jubilado tenga que demostrar individualmente su situación para que pueda ser analizada.
El proyecto parte de la necesidad de revisar la información disponible y determinar qué casos quedaron alcanzados por el problema planteado en torno a la incorporación de la cláusula de garantía al cálculo previsional.
Además del proyecto de ley, Lucas Ilardo prepara una segunda iniciativa legislativa, esta vez bajo la forma de un proyecto de declaración.
La propuesta apunta a impulsar la celebración de un convenio específico entre el Gobierno de Mendoza y ANSES.
El objetivo de ese acuerdo sería permitir una revisión colectiva de la situación de los docentes afectados y avanzar en una solución administrativa.
De esta manera, las iniciativas buscan abordar el reclamo desde dos frentes: por un lado, establecer un mecanismo provincial para identificar y revisar los casos y, por otro, generar una instancia de trabajo con ANSES para analizar los haberes previsionales.
