Abril Masramón
Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quedó bajo investigación por un presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para determinar si registró un incremento patrimonial desmedido desde 2016.
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, luego de una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.
La Fiscalía pretende reconstruir la situación económica del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y establecer si durante el período investigado se produjo un aumento patrimonial que resulte incompatible con sus ingresos.
Entre las principales medidas solicitadas se encuentra el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Tapia. Esto permitiría acceder a información económica y financiera relevante para avanzar con la investigación.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por Guillermo Tofoni, que apunta a la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en relación con la función que Tapia desempeñó en el CEAMSE.
La investigación busca establecer si, entre 2016 y la actualidad, el dirigente tuvo un incremento patrimonial apreciable, ya sea de manera directa o mediante terceras personas.
Como parte de las medidas de prueba, Pollicita solicitó al CEAMSE que remita el legajo personal de Tapia a los tribunales federales de Comodoro Py.
La Fiscalía también pidió información a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer los registros de salidas del país del dirigente durante el período bajo análisis.
Otro de los pedidos apunta a la actividad de Tapia en el ámbito internacional del fútbol. Para ello, se solicitó un exhorto internacional a la CONMEBOL, con sede en Asunción, Paraguay.
El objetivo es que la Confederación Sudamericana de Fútbol aporte el legajo personal del presidente de la AFA, detalle los cargos que ocupó desde su incorporación y precise las remuneraciones que percibió por esas funciones.
Con las nuevas medidas, la investigación apunta a reunir información sobre los ingresos, bienes y movimientos financieros de Tapia para determinar si existe una diferencia injustificada entre su patrimonio y sus recursos.
El avance del expediente estará ahora sujeto al análisis de la documentación y los informes que sean incorporados a la causa, bajo la conducción del juez Ariel Lijo.
