Redacción Mendoza TimesLa recesión y las dificultades financieras están golpeando de forma directa el patrimonio de las familias locales. Según estadísticas oficiales provistas por el Poder Judicial de Mendoza, al 30 de abril de 2026 un total de 366.000 personas (físicas y jurídicas) se encuentran inhibidas judicialmente en la provincia.
Considerando que Mendoza cuenta con una población estimada en 2 millones de habitantes, la cifra revela que casi uno de cada cinco mendocinos tiene sus bienes registrables totalmente bloqueados. Esto significa que miles de ciudadanos se encuentran imposibilitados legalmente para vender una casa, transferir un automotor o realizar operaciones comerciales formales hasta tanto regularicen sus deudas.
Una inhibición es una medida de fuerza legal que dicta un magistrado cuando existe una obligación económica impaga. En la provincia, el ranking de las causas más frecuentes que derivan en este escenario está encabezado por:
Deudas impositivas acumuladas con la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Atrasos severos en el pago de las tasas municipales.
Obligaciones financieras con acreedores privados, principalmente asociadas a pagarés vencidos.
El salto estadístico de los últimos años refleja la profundidad de la crisis. En el año 2021 se procesaron 8.648 solicitudes para levantar inhibiciones en la provincia, mientras que en 2025 esa cifra escaló de manera contundente a 19.521 trámites. La tendencia alcista no se detiene en 2026: los pedidos de cancelación avanzan a un ritmo del 9% mensual, proyectando un récord histórico de 21.200 presentaciones para el cierre del año corriente.
Ante el colapso de las oficinas físicas y el crecimiento exponencial de las solicitudes, la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial dispuso que el trámite de levantamiento de inhibiciones se realice exclusivamente de manera virtual a través de su plataforma web.
A pesar de la obligatoriedad, el proceso de transición digital avanza de manera paulatina. Las estadísticas de los tribunales reflejaron que mientras en marzo se ingresaron 1.349 trámites en el histórico soporte papel, solo 254 usuarios migraron a la vía online. De todos modos, las autoridades judiciales destacan que la tendencia va en aumento si se compara con los escasos 54 expedientes virtuales registrados a finales del año pasado.
Una vez que el deudor cancela la obligación con su acreedor y el juzgado interviniente emite el Formulario 13 con la correspondiente firma digital del juez o secretario, se debe iniciar el proceso de forma virtual:
Ingreso al sistema: Acceder a la plataforma oficial (
Selección del trámite: Dentro del menú "Alta de Trámites", marcar la opción "Cancelación de inhibición general".
Carga de datos: Completar los campos requeridos con la información del Formulario 13 y determinar la prioridad del expediente (urgente o normal).
Adjuntar documentación: Subir de forma obligatoria el oficio judicial original en formato PDF, el cual debe contener una firma digital válida del juzgado.
Pago de tasas: Confirmar la operación y abonar las gabelas de manera electrónica (incluye la Tasa Retributiva y la Tasa Ley N° 6279). El sistema proveerá un código de seguimiento para recibir alertas por correo electrónico.
A tener en cuenta: El trámite en la plataforma es estrictamente personal y cada usuario solo puede gestionar su propio desbloqueo. Los únicos autorizados para tramitar cancelaciones de terceros son los abogados y escribanos matriculados a través de sus respectivos perfiles profesionales. En caso de que una persona registre múltiples inhibiciones por distintas deudas, deberá iniciar y abonar un trámite individual por cada una de ellas.
