La Provincia promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9735, una normativa que establece un nuevo Régimen Especial Penal Juvenil para la provincia y adapta el sistema local a las disposiciones nacionales vigentes sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.

La norma había sido aprobada por la Legislatura de Mendoza el 30 de septiembre y establece tanto las reglas que deberán seguir los procesos judiciales como la estructura administrativa encargada de ejecutar y controlar las medidas que determine la Justicia.

El decreto de promulgación fue suscripto por el gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. También participó del acto el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff.

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es la creación de un Código Procesal Penal Juvenil propio, con procedimientos específicos para abordar los casos que involucren a adolescentes.

Cómo funcionará el nuevo sistema penal juvenil

La aplicación de las medidas quedará vinculada a una estructura administrativa especializada. En este marco, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) tendrá nuevas funciones relacionadas con la implementación, coordinación y supervisión de las medidas y programas socioeducativos ordenados judicialmente.

Para desarrollar estas tareas, el organismo contará con equipos interdisciplinarios y supervisores especializados, además de trabajar de manera articulada con diferentes áreas del Estado y con organismos del sistema judicial.

La normativa contempla la coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero también con sectores relacionados con educación, salud, seguridad, capacitación, empleo, vivienda, deporte y actividades culturales y recreativas.

El objetivo de esta estructura es que las respuestas frente a los adolescentes sometidos a un proceso penal puedan contemplar tanto las situaciones que impliquen privación de libertad como aquellas en las que la medida se cumpla en la comunidad.

Medidas privativas y alternativas a la libertad

El nuevo esquema establece una diferenciación entre las distintas medidas que pueden ser aplicadas de acuerdo con la situación judicial de cada adolescente.

Para ello, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil estará organizada, entre otras áreas, en una Unidad de Privación de Libertad Juvenil y una Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad (UMA).

La primera tendrá bajo su responsabilidad la gestión de los establecimientos, la seguridad, la custodia y el abordaje socioeducativo de adolescentes que se encuentren con prisión preventiva o condenas privativas de libertad.

Por su parte, la UMA se ocupará de las medidas que no impliquen encierro, incluyendo programas comunitarios, dispositivos de régimen abierto y distintas estrategias de acompañamiento y seguimiento en territorio.

El sistema también contempla tres dispositivos específicos:

• Guardia permanente: funcionará durante las 24 horas y todos los días del año para atender requerimientos judiciales y situaciones que requieran una respuesta inmediata.
• Abordaje territorial: tendrá como función acompañar y supervisar a adolescentes que atraviesen un proceso penal permaneciendo en la comunidad.
• Dispositivo residencial socioeducativo: será un espacio de régimen abierto destinado a jóvenes sujetos a medidas con restricciones mínimas de la libertad.

En los dispositivos que no impliquen privación plena de la libertad, la normativa pone el foco en la educación, capacitación laboral y actividades culturales, deportivas y recreativas, además del fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

Supervisión individual y control de las medidas

La Ley 9735 también incorpora la figura del Supervisor Especializado, quien tendrá a su cargo el seguimiento particular de cada adolescente alcanzado por una medida judicial.

Entre sus responsabilidades estará mantener encuentros periódicos, analizar la evolución de cada situación y elaborar informes destinados a los órganos judiciales correspondientes.

Estos profesionales también deberán coordinar sus intervenciones con los equipos interdisciplinarios y comunicar al juez competente aquellos incumplimientos graves e injustificados de las condiciones establecidas judicialmente.

De esta manera, el control previsto por el nuevo régimen no estará limitado a quienes se encuentren privados de su libertad. También abarcará a quienes cumplan medidas alternativas dentro de sus comunidades.

Educación obligatoria y derechos dentro de los centros

La normativa establece además una serie de garantías para los adolescentes que se encuentren privados de su libertad en establecimientos especializados.

Entre ellas, se dispone que deberán tener asegurada la continuidad de su educación formal obligatoria, además de la posibilidad de acceder a instancias de formación profesional.

La escolarización tendrá carácter prioritario y la ley determina expresamente que no podrá utilizarse como castigo disciplinario.

Los centros especializados deberán contar, además, con protocolos de convivencia y disciplina redactados de manera clara. Allí deberán estar especificadas las conductas consideradas faltas y las sanciones correspondientes.

El adolescente tendrá derecho a ser escuchado frente a una medida disciplinaria y podrá recurrir ante el juez competente cuando corresponda.

La Ley 9735 también establece límites expresos a las prácticas disciplinarias. Quedan prohibidos los castigos corporales, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y el aislamiento en celdas de castigo.

Tampoco podrá utilizarse como sanción la restricción de las visitas familiares ni la privación de elementos esenciales relacionados con la higiene o la alimentación.

Con este nuevo régimen, Mendoza establece un marco específico para el tratamiento judicial y administrativo de los adolescentes en conflicto con la ley penal, diferenciando las medidas según cada situación y estableciendo mecanismos de seguimiento, intervención socioeducativa y control judicial.