Redacción Mendoza Times
La conducción de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) atraviesa un cambio de autoridades en un contexto de fuertes cuestionamientos por el funcionamiento del sistema cloacal. Humberto Mingorance deja la presidencia del directorio después de una etapa marcada por los problemas de saneamiento, las demandas de distintos municipios y las controversias que acompañaron su trayectoria en la función pública.
El Gobierno provincial atribuyó su salida a motivos personales. La decisión se conoció este martes, mientras una tormenta con lluvia y granizo afectaba a diferentes sectores del Gran Mendoza, en medio de reclamos por los desbordes cloacales y la necesidad de respuestas urgentes para las zonas perjudicadas.
En su lugar fue designado Ginés Darío Hernández, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente general de la compañía. Su llegada representa la continuidad de un perfil técnico dentro de una empresa que debe afrontar importantes desafíos de infraestructura, inversiones pendientes y mejoras en la prestación de un servicio esencial.
Uno de los episodios más delicados de la gestión de Mingorance fue la crisis por los derrames de líquidos cloacales en Los Corralitos, Guaymallén, que derivó en una investigación judicial por presunta contaminación ambiental.
En mayo de 2026, el entonces presidente de Aysam fue imputado junto con Hernández y el gerente operativo, Carlos Cifuentes. La causa analiza el vertido de efluentes sin tratamiento en un canal de riego, en las inmediaciones de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo. La investigación contempla posibles delitos vinculados con el daño agravado a un bien de uso público y la contaminación del agua de manera peligrosa para la salud.
El expediente se suma a las actuaciones del Departamento General de Irrigación, organismo que había aplicado a la empresa una multa de 120 millones de pesos por los hechos investigados. Las imputaciones forman parte de un proceso judicial en curso y no representan una condena ni determinan la culpabilidad de los acusados.
La situación también generó tensiones políticas dentro del oficialismo. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, reclamó medidas concretas ante nuevos desbordes registrados en Dorrego, San José, Buena Nueva y Los Corralitos. Además, exigió un plan de contingencia para la cuenca de colectores y advirtió sobre las consecuencias que el problema tiene para cientos de miles de vecinos.
Las diferencias con los municipios también se manifestaron en otros puntos del Gran Mendoza. En la Ciudad, Ulpiano Suarez había cuestionado demoras en una obra de agua y cloacas en San Juan y Vicente Zapata. En Godoy Cruz, la administración de Diego Costarelli planteó reparos por el estado de las calles después de las intervenciones de la compañía.
De esta manera, los reclamos por la prestación del servicio se sumaron a la presión derivada de la investigación ambiental. Aunque el Ejecutivo no estableció una relación oficial entre esas controversias y la salida de Mingorance, el recambio se concretó en un escenario de creciente exposición pública de la empresa.
La carrera del exfuncionario estuvo estrechamente relacionada con Alfredo Cornejo, con quien trabajó durante su paso por la Municipalidad de Godoy Cruz. Diseñador gráfico de profesión, Mingorance ocupó distintos puestos en esa administración, entre ellos las direcciones de Inspección General y Fiscalización y de Higiene Urbana, además de la Secretaría de Gobierno.
Cuando Cornejo asumió la Gobernación en diciembre de 2015, lo convocó para conducir la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Mingorance permaneció en esa función durante la primera gestión del actual mandatario y continuó en el cargo bajo la administración de Rodolfo Suarez, entre 2019 y 2023.
Esa continuidad lo convirtió en uno de los funcionarios con mayor permanencia dentro de los gobiernos radicales de Mendoza. En diciembre de 2023 dejó el área ambiental y, en enero de 2024, pasó a encabezar Aysam, una empresa estatal con responsabilidades directas sobre el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de líquidos cloacales.
Durante su etapa en Ambiente, uno de los proyectos más cuestionados fue la transformación del antiguo zoológico provincial en Ecoparque. La iniciativa pretendía reemplazar el modelo tradicional de exhibición de animales por un espacio dedicado a la conservación, la educación ambiental y el bienestar animal.
Sin embargo, los plazos anunciados para completar la reconversión se extendieron durante años. En 2022, Mingorance había previsto que las obras terminarían a fines de 2023, pero ese objetivo no se cumplió. En junio de 2026, el Gobierno avanzó con la apertura del predio para actividades periodísticas y visitas educativas controladas.
A las demoras del Ecoparque se sumaron críticas por distintos aspectos vinculados con el Parque General San Martín, las condiciones del antiguo zoológico y las contrataciones de servicios para la temporada 2023 del Parque Provincial Aconcagua. Pese a las controversias, el funcionario continuó dentro de la estructura gubernamental hasta su llegada a la empresa de saneamiento.
La trayectoria de Mingorance también quedó bajo observación en 2025 por omisiones detectadas en su declaración jurada patrimonial. En marzo de ese año trascendieron inconsistencias en la información presentada ante la Oficina de Ética Pública, entre ellas una construcción de 284 metros cuadrados en un terreno de Maipú que había sido declarado como baldío.
Los registros oficiales también señalaban participaciones en otras propiedades que no estaban incluidas en la presentación inicial. Tras conocerse esas observaciones, Mingorance rectificó la documentación y rechazó que hubiera existido una intención de ocultar bienes.
El exfuncionario explicó que parte de los inmuebles correspondía a adelantos de herencia de sus padres sujetos a usufructo vitalicio y cuestionó la información sobre la construcción detectada por la Administración Tributaria Mendoza.
En abril de 2025, la Oficina de Ética Pública le impuso una multa cercana al millón de pesos y remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que analizara si correspondía investigar posibles responsabilidades penales. La sanción administrativa no equivale a una condena judicial ni acredita, por sí misma, la existencia de enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto, Aysam deberá concentrarse en resolver los problemas de infraestructura que afectan a distintos sectores de la provincia. De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno al anunciar el recambio, la compañía tenía 30 obras en ejecución, con una inversión superior a los 194 millones de dólares.
Entre las intervenciones prioritarias figura una solución integral para la Colectora Máxima Noreste, vinculada con los inconvenientes de saneamiento registrados en Los Corralitos. La causa por los vertidos también alcanza a Hernández por su desempeño anterior como gerente general de la empresa.
El nuevo presidente es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo y trabaja en el sector del agua y el saneamiento desde 2000. Primero se desempeñó en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento, donde estuvo a cargo de la Gerencia de Regulación Económica. En 2010 se incorporó a Aysam como gerente de Finanzas y, desde 2020, ocupaba la Gerencia General.
Su principal desafío será sostener las inversiones previstas, mejorar el funcionamiento de las redes y prevenir nuevos episodios de contaminación. El cambio de autoridades no resuelve por sí mismo las deficiencias acumuladas ni pone fin a las actuaciones judiciales abiertas.
Para Mingorance, el alejamiento representa el cierre de una extensa etapa en puestos de responsabilidad dentro de gobiernos radicales. Su paso por la administración pública quedó marcado por la cercanía política con Cornejo, las demoras en proyectos ambientales y los cuestionamientos administrativos y judiciales que todavía deben resolverse.
El futuro de Aysam dependerá de su capacidad para dar respuestas concretas a los problemas de agua y saneamiento, mientras que el balance de la gestión saliente seguirá ligado a la evolución de las investigaciones y a las consecuencias de una crisis cloacal que puso en el centro de la discusión la infraestructura sanitaria de Mendoza.
