Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados y evitaron la cárcel

La Justicia mendocina resolvió este martes la situación penal del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y de su esposa, la exsecretaria de Gobierno municipal Janina Ortiz, quienes fueron condenados a tres años de prisión en suspenso tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por la jueza Marina Martín.

La sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y corresponde a la causa conocida como la cooperativa fantasma, en la que se investigó el desvío de fondos municipales mediante contrataciones por servicios de limpieza que no se habrían realizado. De esta manera, ambos evitaron cumplir la pena en prisión.

Según la investigación, el mecanismo involucró fondos que, al momento de los hechos, equivalían a unos 200.000 dólares. El expediente analizó procedimientos de contratación y licitaciones que habrían sido utilizados para favorecer pagos irregulares durante la gestión municipal de Orozco.

Cómo funcionaba la maniobra investigada en Las Heras

Los hechos examinados por la Justicia se extendieron entre 2021 y 2023. Durante ese período, Orozco, Ortiz y otros cinco imputados habrían participado en el direccionamiento de dos licitaciones y dos contrataciones directas para pagar trabajos de limpieza que no se prestaron.

El monto investigado rondó los 36 millones de pesos, una cifra que representaba aproximadamente 200.000 dólares en aquel momento. La causa se centró en el presunto uso irregular de recursos públicos a través de una cooperativa que, de acuerdo con la acusación, fue utilizada para canalizar los pagos.

Además de la pareja, en el expediente aparecen el exsubsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart; Juan Pablo Pandolfi; el exconcejal Matías Mostaccio; el contador Germán Herrera y Adrián Pérez, conocido como «Moco». Estos imputados todavía no habían solicitado un juicio abreviado, por lo que sus situaciones judiciales permanecen pendientes.

La investigación también puso bajo análisis el papel de quienes figuraban formalmente al frente de la cooperativa y de los funcionarios que habrían intervenido en los procedimientos administrativos cuestionados.

En el caso de Ortiz, el acuerdo alcanzado también tiene consecuencias sobre la causa por amenazas coactivas, en la que estaba imputada por presuntamente presionar a una empleada municipal para que mantuviera relaciones con un funcionario y lo grabara, bajo la amenaza de perder su trabajo.

Los antecedentes de intendentes mendocinos condenados por corrupción

La condena a Orozco se suma a otros antecedentes judiciales que involucran a exjefes comunales de Mendoza desde el regreso de la democracia. Con este caso, el listado llega a cuatro intendentes condenados por hechos de corrupción: dos pertenecientes al radicalismo y dos al peronismo.

Uno de los antecedentes radicales es el de Jorge Ruiz, quien gobernó General Alvear entre 1995 y 1999. Durante la campaña por su reelección trascendió una grabación en la que aparecía contando dinero, en un episodio vinculado con el presunto cobro de una coima para favorecer la adjudicación de viviendas a un sindicato. El caso derivó en su salida del cargo y en una condena judicial con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

Entre los exintendentes peronistas figura Sergio Salgado, quien estuvo al frente de Santa Rosa. Recibió una pena inicial de cinco años de prisión, posteriormente unificada en seis años al incorporarse otra condena por amenazas. Entre los hechos acreditados en su contra se incluyeron irregularidades en el manejo de la recaudación del estacionamiento de la feria La Salada. En noviembre de 2025 obtuvo la libertad condicional, tras cumplir dos tercios de la pena.

El otro caso es el de Luis Lobos, exintendente de Guaymallén, quien continúa detenido. En 2019 fue condenado a cuatro años y medio de prisión en el expediente conocido como la causa de la «mucama ñoqui». Tres años después, en un juicio abreviado, reconoció su responsabilidad en hechos vinculados con enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. La unificación de las condenas estableció una pena total de ocho años de cárcel.

Su esposa, Claudia Sgró, también recibió una condena en el marco de esas investigaciones y obtuvo recientemente la libertad condicional.

La resolución contra Orozco y Ortiz vuelve a poner en discusión las consecuencias judiciales de la corrupción en la administración municipal. Aunque la pena impuesta no implica el ingreso a prisión, la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos les impide volver a desempeñar funciones estatales, de acuerdo con lo establecido en la sentencia.