Redacción Mendoza Times
El Gobierno de Mendoza declaró la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático por 180 días, ante la posible incidencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante el período 2026-2027. La medida alcanza a todo el territorio provincial y busca mejorar la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas, inundaciones y otras contingencias meteorológicas.
La decisión quedó establecida en la Ley 9740, sancionada por la Legislatura el 21 de octubre y publicada en el Boletín Oficial. La normativa permite al Poder Ejecutivo agilizar contrataciones, ejecutar obras urgentes y reorganizar recursos presupuestarios para financiar acciones preventivas.
Entre las principales facultades se encuentra la posibilidad de ejecutar obras de infraestructura mediante procedimientos excepcionales de contratación pública, siempre que estén vinculadas directamente con la emergencia. La autorización también comprende a los organismos descentralizados de la provincia.
Los trabajos podrán incluir mejoras en sistemas de drenaje pluvial y cloacal, obras hidráulicas, intervenciones en canales y cursos de agua y mantenimiento de caminos. Además, se prevé ampliar la red de monitoreo preventivo para detectar con anticipación zonas expuestas a inundaciones y otros eventos climáticos.
La ley establece límites para estas atribuciones: las contrataciones deberán respetar criterios de transparencia, eficiencia y control, y no podrán destinarse a resolver necesidades habituales ajenas a la emergencia. Cada proyecto también deberá cumplir con las evaluaciones ambientales y territoriales correspondientes.
La normativa apunta a fortalecer la detección de riesgos climáticos, proteger a los habitantes —especialmente en las zonas más vulnerables— e identificar puntos críticos para reducir posibles daños. También contempla medidas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante situaciones meteorológicas de magnitud.
Para implementar estas acciones, se prevé la coordinación entre el Gobierno provincial, el Departamento General de Irrigación, los municipios, los prestadores de servicios públicos y otros organismos competentes.
El Ejecutivo podrá ampliar o reasignar partidas presupuestarias para financiar obras y tareas preventivas. El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será la autoridad de aplicación y tendrá un máximo de diez días hábiles desde la promulgación para reglamentar la ley.
La emergencia regirá durante seis meses, con la posibilidad de extenderse por otros 180 días mediante un decreto fundamentado. Si se concreta la prórroga, el Gobierno deberá informar a ambas cámaras legislativas dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Por último, la normativa exige rendir cuentas sobre las medidas implementadas. El ministerio responsable deberá publicar y enviar a la Legislatura un informe con las acciones realizadas dentro de los 90 días corridos posteriores a la finalización de la emergencia.
