Redacción Mendoza TimesLa reciente aprobación de la Ley 9700 introdujo modificaciones profundas en el régimen que regula el funcionamiento de la Policía de Mendoza y reabrió la discusión sobre el uso de la fuerza, las facultades policiales y los mecanismos de control interno.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la ampliación de las situaciones en las que los efectivos podrán utilizar armas de fuego durante intervenciones operativas.
Con los cambios incorporados a la Ley 6722, el uso de armas ya no quedará limitado únicamente a situaciones de legítima defensa propia o de terceros.
La nueva normativa habilita también la utilización de fuerza letal cuando exista un peligro inminente de muerte o lesiones graves, para impedir delitos considerados especialmente graves o para detener personas que representen ese riesgo y se resistan a la autoridad.
Además, la ley incorpora una definición más amplia del concepto de “peligro inminente”, uno de los aspectos que más debate generó tras la sanción.
El texto contempla distintos escenarios en los que un efectivo podría interpretar la existencia de una amenaza inmediata.
Entre ellos aparecen casos en los que una persona porte un arma de fuego, una réplica similar, un arma blanca o realice movimientos que permitan presumir que está por atacar.
También se incluyen situaciones en las que un sospechoso armado intenta escapar luego de haber provocado o intentado provocar lesiones graves o la muerte.
Otro de los cambios relevantes es la creación de un nuevo esquema de protección administrativa para policías involucrados en procedimientos.
La ley establece que, si el accionar del efectivo aparenta haber sido legal, el Ministerio de Seguridad no podrá aplicar sanciones disciplinarias vinculadas al hecho hasta que exista una resolución judicial firme.
Desde el oficialismo sostienen que la medida busca brindar mayor seguridad jurídica a los agentes que intervienen en situaciones de alto riesgo.
La reforma también amplió las atribuciones de las fuerzas de seguridad provinciales.
Entre las nuevas funciones se incorporan tareas de vigilancia y observación preventiva, custodia de funcionarios y bienes públicos, intervención para preservar el orden en espacios públicos y acciones destinadas a prevenir conflictos que puedan afectar a la ciudadanía.
Mientras el Gobierno defiende los cambios como una actualización necesaria del marco legal, sectores críticos advierten que algunos conceptos incorporados podrían derivar en interpretaciones amplias y futuras discusiones judiciales.
