Redacción Mendoza TimesEl Gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para crear un Código Unificado de Edificación que regule las construcciones en toda Mendoza bajo criterios comunes.
La iniciativa apunta a terminar con las diferencias normativas que actualmente existen entre los municipios y establecer un esquema único para obras públicas y privadas en todo el territorio provincial.
El proyecto propone un régimen técnico y jurídico unificado que abarque desde la presentación de proyectos y permisos hasta la ejecución, fiscalización y mantenimiento de las obras.
Desde el Ejecutivo sostienen que actualmente existen fuertes desigualdades regulatorias entre departamentos, ya que algunas comunas cuentan con códigos actualizados mientras otras tienen normativas más limitadas o desactualizadas.
El objetivo, según explicaron, es generar mayor previsibilidad para desarrolladores, profesionales y particulares, además de simplificar trámites y fijar estándares mínimos obligatorios.
El texto incluye más de 200 páginas con regulaciones vinculadas a viviendas, edificios comerciales, instalaciones eléctricas, sistemas sanitarios y seguridad estructural.
Entre los puntos principales aparecen:
Además, se plantea la creación de una Mesa Técnica Provincial encargada de actualizar el Código y evaluar nuevas tecnologías constructivas.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de criterios modernos de accesibilidad para edificios públicos y privados.
La propuesta establece condiciones específicas para rampas, ascensores, circulación interna y accesos adaptados.
También suma exigencias vinculadas al uso eficiente de energía, reutilización de aguas grises, infraestructura para carga de vehículos eléctricos y sistemas de energías renovables.
El Código será obligatorio para toda la Administración Pública Provincial y para las obras financiadas por la Provincia.
En tanto, los municipios podrán adherir mediante ordenanzas locales y adaptar sus normativas a las pautas generales establecidas en el nuevo esquema.
El Gobierno aclaró que las comunas mantendrán sus facultades sobre habilitaciones, inspecciones, tasas y multas locales.
