
Mendoza reglamentó la Ley de Administración Pública Digital
Redacción Mendoza Times
El Gobierno de Mendoza puso en marcha la reglamentación de la Ley 9625 de Administración Pública Digital, una normativa que busca transformar la relación entre los ciudadanos y las dependencias estatales mediante la incorporación de herramientas tecnológicas.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 2504, firmado el 13 de noviembre y publicado este viernes en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.
Entre los principales cambios se encuentra la implementación de mecanismos para que las personas puedan realizar gestiones, presentar documentación y recibir comunicaciones oficiales por medios digitales. También se fijaron responsabilidades y plazos para que las distintas áreas de la administración provincial adapten sus procedimientos.
Uno de los objetivos centrales es evitar que los mendocinos tengan que entregar varias veces los mismos certificados o datos ante diferentes oficinas públicas. Para avanzar en esa dirección, se integrarán las bases de información estatales mediante el Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDI Mza).
Qué documentación dejarán de pedir y cómo funcionarán los trámites digitales
La reglamentación incorpora el principio de «Solo una vez», que impedirá a los organismos solicitar nuevamente información que ya esté disponible en los sistemas de interoperabilidad provincial.
De esta manera, cuando una dependencia pueda consultar determinados datos dentro de las plataformas oficiales, deberá obtenerlos directamente por esa vía, sin trasladar esa obligación al ciudadano. La aplicación de esta disposición será progresiva y dependerá de la incorporación efectiva de cada información al sistema.
Además, las reparticiones tendrán que revisar sus procedimientos para eliminar requisitos de documentación impresa y firmas manuscritas cuando existan alternativas digitales con igual validez legal. Mantener esas exigencias será excepcional y requerirá una justificación, además de la autorización de la Dirección de Modernización.
El incumplimiento injustificado de estas obligaciones podrá derivar en sanciones administrativas para los empleados públicos y también para los responsables jerárquicos que no controlen su aplicación. En todos los casos deberán respetarse las garantías de defensa y el debido proceso.
Otra de las novedades será el funcionamiento del Portadocumento Digital Ciudadano, que estará disponible a través de la plataforma Mendoza por Mí (MxM). Allí podrán almacenarse y consultarse licencias de conducir, certificados de identidad, títulos, constancias de estudios y otros documentos oficiales.
Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán aceptar esas versiones digitales sin exigir la presentación de los originales en papel, siempre que puedan verificarse su autenticidad y sus condiciones técnicas. Para ello se utilizarán herramientas como códigos de validación, enlaces electrónicos y consultas a los organismos emisores.
También se implementará la Identidad Digital Única (IDU), que permitirá acreditar la identidad para acceder a los servicios públicos. El mecanismo tendrá tres niveles de seguridad —básico, sustancial y alto—, cuya exigencia dependerá del tipo de gestión que se quiera realizar.
La identificación podrá concretarse mediante contraseñas, verificaciones adicionales, datos biométricos o certificados digitales. Una vez acreditada la identidad con el nivel correspondiente, las oficinas provinciales no podrán exigir otros mecanismos de identificación para completar el trámite.
El acceso a esta herramienta será gratuito para las gestiones ante el Estado provincial. Sin embargo, la identidad digital no reemplazará la firma electrónica o digital cuando una norma exija formalmente suscribir un documento.
Notificaciones electrónicas, plazos y protección de datos
La nueva normativa también establece cómo funcionará la Casilla Digital de Notificaciones, que será considerada el domicilio electrónico de cada persona para recibir comunicaciones relacionadas con actuaciones administrativas.
Uno de los aspectos centrales es que los avisos se considerarán legalmente notificados el día hábil administrativo posterior a su depósito en la casilla. Esto ocurrirá aunque el destinatario no haya ingresado a la plataforma para leer o descargar el contenido.
Por lo tanto, los plazos administrativos podrán comenzar a correr sin que la persona haya abierto el mensaje. El sistema deberá registrar automáticamente la fecha y hora de cada comunicación para garantizar su seguimiento.
Los avisos enviados adicionalmente por correo electrónico o teléfono celular solo tendrán carácter informativo. En consecuencia, que esas alertas no lleguen al destinatario no invalidará una notificación que haya sido depositada correctamente en su casilla digital.
La reglamentación contempla, además, la suspensión de los plazos cuando se produzcan fallas generalizadas del sistema, siempre que sean certificadas por la Dirección de Informática. También podrán establecerse excepciones temporales para quienes demuestren dificultades extremas de acceso o imposibilidades tecnológicas manifiestas.
En paralelo, el Ejecutivo fijó un cronograma para que las distintas dependencias avancen con su transformación digital. Cada organismo deberá nombrar una Autoridad Digital Institucional dentro de los primeros 30 días corridos posteriores a la publicación de la reglamentación.
La Dirección de Modernización tendrá un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto para publicar los estándares técnicos de interoperabilidad. Luego dispondrá de otros 60 días para elaborar el Plan de Interoperabilidad Provincial, que determinará las prioridades y etapas de integración.
Una vez difundido ese esquema general, las reparticiones tendrán otros 60 días corridos para presentar sus propios planes de incorporación tecnológica.
El seguimiento estará a cargo de un Comité de Alto Nivel encabezado por el ministro Natalio Mema. Durante el primer año deberá reunirse, como mínimo, cada tres meses y, posteriormente, tendrá encuentros semestrales.
En el caso de los municipios, la adhesión al sistema no será obligatoria ni automática. Cada comuna podrá incorporarse mediante convenios específicos con la Provincia, en los que se establecerán las condiciones y los tiempos de implementación, respetando la autonomía municipal.
Por último, el decreto incorpora disposiciones vinculadas con la protección de datos personales y la seguridad informática. Los organismos deberán resguardar la información, limitar su utilización a los fines establecidos y prevenir accesos no autorizados.
Los ciudadanos conservarán sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos personales, conforme a la legislación vigente. Además, las dependencias deberán informar incidentes o vulneraciones de seguridad a las áreas provinciales correspondientes en un máximo de 48 horas.
La normativa también establece evaluaciones de impacto para los sistemas que puedan representar riesgos elevados para los derechos de las personas y clasifica la información estatal en tres categorías: datos públicos, datos públicos con restricciones y datos reservados o protegidos.


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