Redacción Mendoza Times
El debate en torno a la obligatoriedad y el control de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) sumó un capítulo de alta tensión política en Mendoza. A través de su página web y perfiles oficiales, el referente de la oposición Mario Vadillo lanzó una dura columna de opinión donde denunció un pacto de silencio entre el gobernador Alfredo Cornejo y los empresarios del sector, luego de que el Gobierno nacional anunciara la liberación del servicio a nivel federal.
La controversia escaló tras la decisión del Ejecutivo nacional, comunicada por el vocero Manuel Adorni, de habilitar mediante la Resolución 32/2026 un padrón nacional, público y digital para que cualquier taller mecánico que cumpla con los requisitos técnicos básicos pueda realizar la verificación, eliminando el monopolio de las plantas tradicionales. La medida establece una inscripción por declaración jurada con habilitación automática si el Estado no responde en los plazos fijados, suprimiendo la discrecionalidad política.
A raíz de esta publicación, Mendoza Times dialogó en exclusiva con el dirigente, quien ratificó sus dichos y aportó nuevos elementos sobre lo que considera un entramado de regulaciones discrecionales que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.
En su publicación, Vadillo hizo eco de las declaraciones del ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, quien al lanzar la reforma advirtió de manera tajante: “Veremos ahora si las provincias adhieren. Gobernador que no adhiere, será porque tiene un curro asociado al tema”.
En diálogo con este medio, el dirigente mendocino cruzó con dureza la postura de la gestión local de no sumarse al nuevo esquema y profundizó sus argumentos
El pacto de no opinar: Según denunció Vadillo, ni bien se conoció la reforma nacional, el gobierno provincial y los empresarios de los talleres verificadores locales acordaron no emitir opiniones públicas hasta leer el decreto, interpretando la medida como un asunto exclusivo para Buenos Aires
El sistema "abierto" bajo la lupa: Salió al cruce del ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien argumentó que Mendoza no necesita adherir porque ya posee un sistema competitivo
Talleres más idóneos: En la entrevista, Vadillo sumó una propuesta concreta, señalando que los talleres tradicionales de barrio están más calificados para emitir las obleas que las plantas actuales
Otro de los ejes centrales del texto publicado por Mario Vadillo radica en la nula efectividad de la oblea en términos de seguridad vial. Apoyándose en estadísticas de siniestralidad, el texto destaca que el 90% de los accidentes viales en Argentina ocurren por error humano (alcohol, exceso de velocidad y uso del celular), mientras que las fallas mecánicas representan apenas el 10% restante. En su charla con este medio, aportó un dato específico relevado en el sur provincial
"Nadie en el gobierno de Cornejo puede mostrar un solo estudio que demuestre que la RTO obligatoria redujo los accidentes en Mendoza. No existe ese estudio. Lo que existe es la obligación de pagar, la fila para cumplirla y la oblea en el parabrisas que no le salvó la vida a nadie. La RTO no es seguridad vial; es recaudación con relato preventivo", fustigó Vadillo en su página.
Hacia el cierre de la entrevista, al ser consultado sobre qué reformas estructurales considera urgentes para modernizar la relación entre el Estado provincial y los contribuyentes, Vadillo invocó la Constitución Nacional
Eliminar regulaciones: Sostuvo que la mejor forma de evitar la corrupción es garantizar la transparencia y la libre competencia para que los talleres cobren el precio más bajo posible a los usuarios
El rol del consumidor: "Siempre que regulás un mercado, pasa esto. Detrás hay un negocio. Nosotros defendemos la libertad de mercado con la defensa de los consumidores y de la competencia, que es exactamente lo que prescribe el Artículo 42 de la Constitución"
Hacia el cierre de su descargo, Vadillo recordó los polémicos antecedentes del sistema en la provincia, rememorando el año 2019, cuando desde la propia Legislatura se advirtió que el negocio superaría los 200 millones de pesos anuales y se alertó sobre el riesgo de replicar el viejo esquema de CERPOL (la verificación policial manejada históricamente por uniformados retirados como caja política).
Vadillo refrescó la memoria de sus lectores al señalar que el propio Cornejo debió anular por decreto la licitación original de la RTO luego de que los mismos empresarios denunciaran que el concurso estaba direccionado. "El sistema que emergió de ese escándalo es el que Mema defiende hoy con orgullo en las redes sociales. Sturzenegger dijo que el gobernador que no adhiere tiene un curro. Cornejo no adhirió. Saquen sus propias conclusiones", concluyó de forma tajante el dirigente en su plataforma digital.
