Chau al papel: Mendoza obliga al expediente digital

El funcionamiento diario de las oficinas públicas en Mendoza experimentará un quiebre definitivo. A través del decreto Nº 1.080, firmado por la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, el Poder Ejecutivo provincial oficializó la reglamentación que establece el uso estrictamente obligatorio del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en todo su ámbito administrativo.

La medida, unifica los criterios técnicos y jurídicos para la creación, firma, tramitación y resguardo de la documentación oficial. En la práctica, la normativa decreta el fin de la era de los cerros de carpetas, los expedientes físicos que se trasladan manualmente de una repartición a otra y los sellos de tinta, transformando todo el ciclo administrativo en un proceso 100% digital.

Trazabilidad y "antidobleces": los ejes de seguridad del nuevo sistema

La obligatoriedad del expediente electrónico no responde únicamente a un criterio ecológico de ahorro de papel, sino que apunta a blindar la seguridad informática y la transparencia de los actos de gobierno. Para ello, el decreto fija tres pautas operativas estrictas para los empleados y funcionarios públicos:

• Identidad protegida y Firma Digital: Todos los documentos estatales deberán generarse y validarse de manera electrónica. Cada funcionario responsable contará con una firma digital y un dispositivo físico o virtual de seguridad ("token") para certificar legalmente su autoría en cada autorización o pase.

• Trazabilidad en tiempo real: Cada expediente será registrado con un número único y correlativo por año calendario. El sistema informático permitirá auditorías en tiempo real para conocer con precisión en qué dependencia se encuentra el trámite, quién tuvo acceso visual al documento y qué modificaciones se incorporaron, eliminando la posibilidad de extravíos o demoras injustificadas ("cajoneos").

• Seguridad informática: Las sesiones de los usuarios en la plataforma estatal se cerrarán de forma automática tras un período breve de inactividad, impidiendo que personas ajenas a la función pública manipulen información sensible ante el descuido de un agente.

¿Qué sucederá con el archivo histórico y la transición documental?

Uno de los mayores desafíos logísticos radica en la convivencia de los soportes. El decreto contempla protocolos específicos para la digitalización y reconstrucción de los expedientes antiguos que nacieron originalmente en papel, asegurando que el traspaso no afecte la continuidad jurídica de los trámites en curso.