Qué patrimonio declararon los nuevos legisladores mendocinos

La renovación de la mitad de las bancas en la Legislatura de Mendoza volvió a poner bajo la lupa el patrimonio declarado por los nuevos senadores y diputados provinciales, quienes cumplieron con la presentación obligatoria de sus declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Pública.

Las presentaciones corresponden a los legisladores que asumieron el pasado 1 de mayo y exponen una radiografía patrimonial diversa. En los registros se detallan casas, departamentos, terrenos y fincas rurales, junto con vehículos de distintos segmentos, donde se destaca la presencia recurrente de camionetas pick up.

Propiedades, vehículos y activos declarados

El análisis de las declaraciones juradas muestra que varios legisladores informaron múltiples bienes inmuebles, mientras que otros consignaron una estructura patrimonial más reducida o bienes registrados a nombre de sus cónyuges.

En el plano vehicular aparecen autos de diferentes gamas, motos e incluso casos puntuales de embarcaciones. Las pick ups se repiten de forma frecuente en los registros, consolidándose como uno de los vehículos más declarados entre los funcionarios provinciales.

También se incluyen propiedades rurales de gran extensión, departamentos urbanos y terrenos de distintas dimensiones, lo que refleja una fuerte heterogeneidad en los patrimonios informados.

Diferencias dentro del cuerpo legislativo

Las declaraciones evidencian contrastes significativos entre los propios legisladores. Algunos detallan un conjunto amplio de propiedades inmobiliarias y vehículos, mientras que otros presentan activos limitados o directamente bienes compartidos con sus parejas.

En el extremo más bajo del relevamiento aparecen casos de legisladores que no declararon inmuebles a su nombre, o que solo registraron vehículos y tenencias bancarias. En contraposición, otros funcionarios consignaron varias viviendas, terrenos y vehículos de alta gama.

Un sistema con límites de transparencia

Las declaraciones juradas se encuentran disponibles en el sitio de la Oficina de Ética Pública, aunque con una limitación relevante: solo se publica la última presentación de cada funcionario, lo que impide analizar la evolución del patrimonio en el tiempo.

Además, los bienes inmuebles se informan con valores fiscales, que no siempre reflejan el valor real de mercado, lo que genera diferencias en la interpretación del patrimonio declarado.

A esto se suma que varios legisladores declaran ingresos por actividades profesionales, alquileres o participación en sociedades, aunque el formato vigente no permite un desglose demasiado detallado de esos activos.