Redacción Mendoza TimesLa causa judicial por contaminación en Los Corralitos escaló fuerte en Mendoza y terminó impactando de lleno sobre el corazón del oficialismo provincial. El presidente de Aysam, Humberto Mingorance, quedó imputado junto a otros directivos de la compañía estatal luego de que la Justicia detectara descargas clandestinas de líquidos cloacales sobre un canal de riego.
La investigación sostiene que hubo contaminación del recurso hídrico, daños sobre infraestructura pública y manejo irregular de residuos considerados peligrosos. Pero además del frente judicial, el expediente dejó al descubierto otro problema: el deterioro del sistema cloacal y la falta de respuestas frente a advertencias técnicas que venían acumulándose desde hace tiempo.
Aunque el episodio tomó estado público recientemente, distintos informes internos ya advertían sobre el desgaste de la red sanitaria en el noreste mendocino. El punto crítico fue la colectora que desemboca en la zona de Los Corralitos, donde comenzaron a registrarse fallas importantes desde fines de 2024.
Con el correr de los meses, la situación empeoró y terminó derivando en pérdidas cloacales que afectaron canales utilizados para riego. Según trascendió, no se ejecutaron obras de fondo pese a que existían diagnósticos técnicos sobre el riesgo de colapso.
Incluso documentos elaborados dentro del plan hídrico provincial alertaban sobre filtraciones y pérdidas que podían impactar en las napas subterráneas y en zonas productivas del Gran Mendoza.
Uno de los puntos más llamativos del caso es que la denuncia penal no surgió de particulares ni de organizaciones ambientales, sino del propio Departamento General de Irrigación.
El organismo detectó intervenciones ilegales sobre canales impermeabilizados, vuelcos sin autorización y análisis que confirmaron contaminación en el agua. A partir de esas pruebas avanzó una sanción histórica contra Aysam: una multa de 120 millones de pesos, la más alta aplicada hasta ahora por ese ente.
Entre las irregularidades señaladas aparecen la rotura deliberada de infraestructura hidráulica, la ausencia de medidas preventivas y la falta de acciones para evitar daños aguas abajo.
La situación también generó ruido puertas adentro del Gobierno provincial porque tanto Mingorance como el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, integran desde hace años el círculo político de confianza de Alfredo Cornejo.
Mingorance tuvo distintos cargos durante las administraciones radicales y actualmente encabeza la empresa encargada del servicio de agua y cloacas en gran parte de Mendoza. Marinelli, por su parte, lidera Irrigación y concentra amplias facultades sobre el control del recurso hídrico en la provincia.
El avance de la imputación representó además un hecho poco habitual en Mendoza: la acusación formal contra funcionarios vinculados al poder político mientras continúan en funciones.
Detrás del episodio puntual aparece una preocupación mayor vinculada al estado general de la infraestructura sanitaria mendocina. Informes técnicos incorporados al Plan Hídrico provincial sostienen que el sistema cloacal registra pérdidas de entre el 25% y el 50% en distintos sectores.
Actualmente, Mendoza genera cientos de miles de metros cúbicos diarios de líquidos cloacales y parte de ese volumen no llega correctamente a los sistemas de tratamiento.
Especialistas advierten que, si no se realizan inversiones urgentes, podrían repetirse episodios similares en otras zonas urbanas y productivas de la provincia.
