Universidades: Caputo ajusta cuentas tras el fallo de la Corte
El contundente revés en los tribunales obligó a un viraje de 180 grados en la estrategia de la Casa Rosada. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejara firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la administración liderada por Javier Milei abandonó la intransigencia absoluta y comenzó a diagramar la ingeniería financiera para girar los fondos demandados por las casas de estudio.
Desde el inicio del conflicto, el Palacio San Martín y el equipo económico libertario habían calificado como inviable la legislación aprobada por insistencia en el Congreso, argumentando que su aplicación demandaba un costo fiscal estimado en $1,3 billones de pesos. Sin embargo, la resolución del máximo tribunal clausuró la vía de la dilación judicial y forzó al Poder Ejecutivo a buscar alternativas presupuestarias de forma inmediata.
La orden de "Toto" Caputo: reasignación de fondos y superávit intocable
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya evalúa el origen de los recursos que serán destinados a cumplir con los artículos de la ley que exigen recomponer los salarios del personal docente y no docente, así como las becas de bienestar estudiantil.
Según fuentes cercanas al oficialismo, la premisa de la gestión económica frente a esta contingencia es inalterable:
“Habrá una reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con lo dispuesto por la Justicia, pero siempre cuidando el superávit fiscal. Ese indicador es la columna vertebral del programa económico y no se toca bajo ningún concepto”, precisaron desde el entorno libertario.
Interna en Casa Rosada por la estrategia legal
El fallo unánime de los jueces de la Corte no solo alteró los planes contables, sino que además disparó una fuerte interna en los despachos de la jefatura de Gobierno. Diversos sectores de La Libertad Avanza miran hoy con recelo el diseño legal que comandó el Ministerio de Justicia, bajo la influencia de Juan Bautista Mahiques.
Durante toda la semana previa, los operadores oficiales transmitían optimismo y aseguraban que el tribunal supremo "daría aire" al Ejecutivo al dilatar la aplicación de la norma. El escenario no se cumplió y dejó expuesto al ala jurídica del Gobierno frente a las demandas de los rectores, quienes ya venían dialogando de manera coordinada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Alivio y expectativa en las universidades públicas
En la contraparte del conflicto, el ámbito académico recibió la noticia judicial como un triunfo definitivo tras las masivas marchas federales en defensa de la educación pública. Al acuerdo salarial preexistente firmado con gremios como la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), ahora se sumará la aplicación plena de la estructura de la ley.