Mendoza licita inhibidores de señal para Almafuerte

El Gobierno provincial autorizó la compra e instalación de equipos para bloquear comunicaciones no autorizadas en los complejos penitenciarios Almafuertes.
Sociedad02 de julio de 2026Redacción Mendoza TimesRedacción Mendoza Times
Complejo penitenciario Almafuerte
Complejo penitenciario Almafuerte

El Gobierno de Mendoza oficializó el llamado a licitación pública para adquirir e instalar un sistema de inhibición de señales en los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II.

La medida tiene como objetivo bloquear las comunicaciones móviles no autorizadas dentro de los establecimientos carcelarios de Cacheuta y reforzar las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario provincial.

Una inversión millonaria

La decisión fue autorizada mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado este jueves en el Boletín Oficial. A partir de esta medida, la División Compras del Ministerio de Seguridad y Justicia quedó habilitada para avanzar con el proceso licitatorio.

El presupuesto oficial destinado a la adquisición asciende a $3.625 millones, recursos que serán financiados con partidas previstas en el Presupuesto 2026 de la Provincia.

El impacto del dólar en el costo final

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la autorización original contemplaba una inversión equivalente a 2,5 millones de dólares, monto que al momento de elaborarse la proforma representaba unos $3.550 millones.

Sin embargo, las variaciones registradas en la cotización de la moneda estadounidense durante los últimos meses obligaron a actualizar el presupuesto en pesos para mantener el valor real de la compra y garantizar la incorporación de la tecnología prevista.

Tecnología para reforzar la seguridad

El proyecto cuenta con el respaldo técnico de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y de la Dirección de Logística, organismos que avalaron la necesidad de incorporar sistemas de bloqueo de comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.

Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca evitar la coordinación de delitos desde el interior de las cárceles y fortalecer la seguridad pública en toda la provincia.

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