Redacción Mendoza Times
¿Debe un funcionario público renunciar de forma automática si da positivo en un control de alcoholemia, o basta con que pague la multa de tránsito como cualquier ciudadano común? El reciente escándalo protagonizado por Diego Silvestre, el flamante consejero titular de Minería de la provincia que dio 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, volvió a poner sobre la mesa una encrucijada ética que la política local no logra unificar.
En Mendoza, el gobierno conducido por Alfredo Cornejo y Hebe Casado sostiene una doctrina inflexible de "tolerancia cero" puertas adentro: funcionario del Ejecutivo que maneja ebrio, se va. Sin embargo, la regla no se aplica con la misma rigidez en el ámbito legislativo o municipal, donde las bancas suelen blindarse ante la presión pública.
En las filas del oficialismo provincial (Cambia Mendoza), los antecedentes inmediatos demuestran que dar positivo al volante equivale a firmar la dimisión obligatoria:
Diego Silvestre (Julio 2026): El caso más grave de los últimos días. El abogado no solo cuadruplicó el límite legal de alcohol (0,5 g/l) en San Rafael, sino que manejaba sin licencia, sin seguro obligatorio y sin los papeles del auto. Presentó su renuncia inmediata al Consejo de Minería y a la coordinación del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).
Gustavo Villegas (Febrero 2026): Se desempeñaba como consejero del río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI). Tras ser retenido en un control vial durante una madrugada, dio positivo y debió dimitir. La propia vicegobernadora Hebe Casado lamentó su salida catalogándolo como un "excelente funcionario", pero ratificó que el Gobierno no tiene doble vara.
Jorge Teves (Enero 2025): Quizás el escándalo de mayor costo institucional, ya que presidía el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) —el organismo encargado de controlar el transporte—. Fue sorprendido manejando ebrio un vehículo oficial. Pese a pedir disculpas públicas y dilatar la decisión unas semanas, la presión política lo obligó a renunciar ante el gobernador Cornejo.
A diferencia de los cargos designados por el gobernador, los funcionarios electos por el voto popular que dieron positivo en los test de alcoholemia decidieron aferrarse a sus fueros y no abandonar sus funciones:
El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) quedó envuelto en un fuerte cruce mediático tras confirmarse que conducía bajo los efectos del alcohol. Pese a las duras críticas de la oposición y de un ala de su propio partido, continuó ejerciendo su banca en el Concejo Deliberante sin consecuencias institucionales.
En noviembre de 2025, el concejal y referente de La Libertad Avanza fue interceptado en la Ciudad de Mendoza con 1,15 g/l de alcohol en sangre. El bloque radical de San Rafael impulsó un pedido de expulsión por "falta de ejemplaridad", pero finalmente el cuerpo legislativo archivó la denuncia y el edil libertario sigue en su puesto.
El debate trasciende la simple infracción de tránsito y choca de frente con la política pública. En los últimos años, Mendoza se convirtió en una de las provincias con las sanciones viales más severas y costosas del país, incrementando los operativos de control y endureciendo las penas de inhabilitación y arresto.
Por este motivo, cada vez que un dirigente rompe las reglas, la discusión social se centra en la ejemplaridad. Para gran parte de la sociedad, resulta inadmisible que el propio Estado exija un comportamiento milimétrico a los ciudadanos comunes mientras algunos de sus representantes se hamacan entre la sanción vial y la impunidad política.
