Ley anti-hackers en Mendoza: los controles que se vienen

El combate contra el delito informático y el resguardo de la infraestructura estatal ingresan de lleno en la agenda institucional de la provincia. Una vez que finalice el receso invernal en la Legislatura, el oficialismo priorizará el tratamiento del proyecto de ley de ciberseguridad, una ambiciosa propuesta del Poder Ejecutivo que busca fijar una política de Estado para blindar los sistemas públicos frente a la creciente ola de estafas, secuestro de datos y hackeos masivos.

La iniciativa, presentada formalmente por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, no se limita a la persecución del ciberdelito —donde Mendoza ya cuenta con herramientas como el agente encubierto digital y el Laboratorio Forense Digital—, sino que avanza sobre la gobernanza de datos durante todo su ciclo de vida y establece un riguroso marco de obligaciones tanto para dependencias públicas como para empresas privadas que interactúan con el Estado.

El nuevo cerebro informático: cómo funcionará el CCEC

La columna vertebral de la ley será la creación del Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC). Este nuevo organismo de máxima jerarquía estará compuesto por representantes del Poder Ejecutivo y comandado por un Coordinador General.

El CCEC tendrá facultades normativas y de fiscalización técnica para dictar el Plan Provincial de Ciberseguridad, cuyas tareas principales serán:

• Fijar los requisitos mínimos y obligatorios de seguridad informática.

• Establecer protocolos de respuesta ante incidentes críticos.

• Clasificar el nivel de vulnerabilidad de los activos e infraestructuras digitales del Estado.

• Auditar y controlar periódicamente que los sistemas se actualicen frente a la evolución del riesgo tecnológico.

¿Quiénes están obligados por la nueva ley?

El texto de la norma establece un alcance generalizado y obligatorio dentro del territorio mendocino, afectando a:

1. Los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

2. Proveedores tecnológicos privados: Cualquier empresa que preste servicios de conectividad, software, soporte, almacenamiento en la nube (cloud) o custodia de bases de datos para el Estado provincial.

3. Prestadores de servicios críticos esenciales: Empresas de servicios públicos e infraestructura digital.

4. Municipios: Se invitará a las comunas a adherir al régimen mediante sus propios concejos deliberantes.

Una de las cláusulas más innovadoras del proyecto determina la nulidad de cualquier contrato privado que intente restringir oara ocultar información sobre fallas o hackeos, obligando a las empresas a reportar de forma transparente cualquier amenaza que ponga en riesgo los datos de los ciudadanos.

Severas sanciones: desde advertencias hasta el corte de sistemas

El incumplimiento de las directivas del CCEC o el ocultamiento de filtraciones informáticas acarreará penalidades de carácter progresivo según el daño potencial generado:

• Infracciones graves: Serán considerados delitos institucionales el no reportar un hackeo a tiempo, entorpecer las auditorías informáticas oficiales, entregar datos técnicos falsos o incumplir los planes de remediación obligatorios.

• Penalidades leves y moderadas: Advertencias formales, plazos perentorios de adecuación tecnológica, planes de mejora obligatorios y la ejecución de auditorías técnicas extraordinarias.

• Penalidades máximas: Para mitigar un riesgo sistémico o proteger datos sensibles de la población, el Comité estará facultado para aplicar la segmentación preventiva de servicios, la restricción parcial de interconexión y la suspensión total del contrato digital con el proveedor infractor, además de iniciar las correspondientes acciones administrativas y penales.