Redacción Mendoza Times
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, propone modificar la Ley General de Vinos y la Ley Nacional de Alcoholes. Entre los principales cambios aparecen la eliminación de la obligación de fraccionar y envasar el vino en las provincias productoras, una redefinición del rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Uno de los puntos que genera mayor discusión es la eliminación de la Ley 23.149, que establece que el vino debe ser fraccionado y envasado en las zonas productoras. La norma fue creada con el objetivo de que una mayor parte del valor agregado quedara en las regiones vitivinícolas y no se trasladara hacia grandes centros de consumo.
Quienes cuestionan la reforma sostienen que el cambio permitiría que las distintas etapas de la cadena productiva puedan trasladarse a diferentes lugares según costos y conveniencias comerciales. En ese escenario, la uva podría producirse en una provincia, el vino elaborarse en otra y el fraccionamiento realizarse en un tercer punto.
Para sus críticos, esto podría beneficiar principalmente a las grandes empresas con mayor capacidad logística y financiera, mientras que pequeñas bodegas y productores regionales perderían una ventaja histórica vinculada al origen del producto.
El proyecto también modifica aspectos vinculados a la elaboración del vino. Entre ellos, cambia la definición de vino genuino al reemplazar la referencia al “mosto de uva fresca” por una definición más amplia de “mosto de uva”.
La modificación permitiría utilizar otros tipos de mostos, como concentrados o sulfitados, y dar mayor flexibilidad a los procesos de producción. Además, las prácticas enológicas dejarían de estar determinadas únicamente por un listado nacional y pasarían a regirse por normas internacionales de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con posibilidad de incorporar nuevos procedimientos.
Desde algunos sectores consideran que estos cambios permitirán una industria más competitiva y alineada con otros mercados internacionales. En cambio, otros advierten que podrían afectar la identidad y trazabilidad del vino argentino.
Otro eje central de la reforma es la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura. El organismo dejaría de intervenir con el mismo nivel de control sobre distintas etapas de la producción y concentraría su tarea en la fiscalización del producto final.
Además, se eliminarían algunas facultades vinculadas a restricciones administrativas y ciertos controles de origen, añada o varietal pasarían a depender de necesidades comerciales específicas.
Los defensores del cambio sostienen que esto permitiría reducir burocracia y agilizar procesos. Sus detractores consideran que podría debilitar mecanismos que durante años garantizaron la calidad y el reconocimiento internacional del vino argentino.
La propuesta también habilita la mezcla de vinos importados entre sí o con productos nacionales, algo que actualmente está limitado por la normativa vigente. Para quienes apoyan la reforma, esta medida permitiría competir en igualdad de condiciones con otros países productores donde esas prácticas ya están permitidas.
En la vereda opuesta, distintos actores de la cadena advierten que la medida podría afectar la identificación del origen del vino y reducir uno de los principales atributos comerciales del producto argentino.
Por otra parte, el proyecto plantea eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), creada en 2004 para implementar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), un espacio de planificación conjunta entre productores, bodegas, gobiernos y organismos públicos.
La entidad fue además financiada durante años mediante un aporte obligatorio de las bodegas por litro producido, una medida que recientemente el Gobierno intentó eliminar por decreto, aunque quedó suspendida por una resolución judicial.
La reforma todavía debe avanzar por el Congreso, pero ya abrió una fuerte discusión dentro del sector. Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación permitirá reducir costos y mejorar la competitividad, parte de la industria alerta que los cambios podrían modificar profundamente el modelo vitivinícola construido durante las últimas décadas.
