Redacción Mendoza Times
El Gobierno de Alfredo Cornejo formalizó el acuerdo alcanzado con la Nación para compensar las deudas existentes entre ambas administraciones. La medida quedó plasmada en el Decreto 1691, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba el convenio firmado el 27 de julio con el ministro de Economía, Luis Caputo.
La norma fue dictada “ad referéndum” de la Legislatura, por lo que el entendimiento todavía requiere la aprobación de diputados y senadores provinciales. Para avanzar con ese trámite, el Ejecutivo ya envió un proyecto de ley que busca ratificar tanto el decreto como el convenio anexado, sin modificar las condiciones acordadas con Nación.
El esquema contempla tres instrumentos diferentes dentro de una misma operación: el convenio establece las condiciones, el decreto formaliza la decisión del Ejecutivo y el proyecto legislativo permitirá completar el proceso de ratificación.
El punto de partida fue un anticipo financiero de $325.000 millones otorgado por Nación a Mendoza. Al sumar los intereses acumulados hasta el 20 de julio, la obligación provincial asciende a $333.434 millones.
Del otro lado, la Nación reconoce créditos a favor de Mendoza por $121.282 millones. Allí se incluyen compromisos relacionados con el Consenso Fiscal, fondos pendientes para viviendas y $80.000 millones por las obras realizadas en las rutas nacionales 40 y 143.
Luego de compensar ambos montos, queda una deuda de aproximadamente $212.152 millones a favor de Nación. El convenio establece un esquema de pagos que contempla $97.500 millones en cuatro cuotas mensuales durante 2026, además de los intereses correspondientes.
El resto, unos $106.217 millones, será cancelado mediante siete cuotas mensuales a partir de junio de 2027. La tasa acordada es del 15% nominal anual y el convenio habilita que los pagos puedan efectuarse mediante retenciones sobre los recursos que Mendoza recibe por Coparticipación Federal.
Los $80.000 millones correspondientes a las rutas 40 y 143 quedaron sujetos a un mecanismo de seguimiento. Vialidad Nacional deberá controlar el avance de las obras y Mendoza tendrá que presentar informes periódicos. Ante eventuales incumplimientos, Nación podrá reducir proporcionalmente el monto reconocido.
El entendimiento también incluye el desistimiento de dos demandas de Mendoza contra el Estado nacional ante la Corte Suprema. Una está vinculada con los cambios en el Impuesto a las Ganancias durante la gestión de Sergio Massa y la otra cuestiona la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero.
Según el Gobierno provincial, las nuevas condiciones de pago implican un beneficio financiero estimado en $7.677 millones. La operación, sin embargo, todavía no está completamente cerrada: el último paso será la ratificación del acuerdo por parte de la Legislatura de Mendoza.
