Redacción Mendoza TimesEl Gobierno de Mendoza oficializó la puesta en marcha de un masivo operativo estadístico en todo el territorio provincial. Con el objetivo de trazar un diagnóstico preciso sobre la realidad social, económica y habitacional de la población, el Ejecutivo local autorizó una partida presupuestaria de $216,6 millones para la realización de la Encuesta Urbano-Rural de Condiciones de Vida 2026.
La medida quedó firmada y ratificada mediante el Decreto 979, publicado este jueves en el Boletín Oficial. A través de esta normativa, el Estado provincial aprobó un convenio de colaboración con la Fundación ArgenINTA, entidad que colaborará en la logística y el despliegue técnico del estudio de campo. Los fondos asignados, que ascienden exactamente a la suma de $216.647.200, serán cubiertos de forma íntegra con recursos del tesoro mendocino.
El aspecto más destacado de este programa es su alcance geográfico y demográfico. A diferencia de las mediciones tradicionales que efectúa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel país —las cuales se concentran casi con exclusividad en los grandes aglomerados urbanos—, el diseño metodológico de este relevamiento local incluye una cobertura exhaustiva tanto de las zonas urbanas como de los parajes y áreas rurales de Mendoza.
Los encuestadores recopilarán datos vinculados a variables estratégicas para el desarrollo humano, entre las que se destacan:
El acceso real al sistema de salud y cobertura médica.
La situación y nivel de educación alcanzado por los integrantes del hogar.
Las condiciones de infraestructura habitacional, servicios básicos y calidad de la vivienda.
El volumen y la composición del nivel de ingresos familiares.
La decisión de destinar una millonaria suma de las arcas públicas a la realización de este estudio estadístico ya comenzó a despertar fuertes cuestionamientos en distintos sectores de la oposición y la sociedad civil. Desde el arco crítico señalan como una contradicción que, en un contexto de profunda recesión y fuerte ajuste en áreas sensibles como la salud, la educación y los salarios estatales, el Gobierno de Mendoza decida priorizar un desembolso superior a los $216 millones en consultoría y relevamientos.
