Abril Masramón
La Marcha Federal Universitaria tendrá una nueva convocatoria en Mendoza el próximo 15 de octubre, con la participación de la Universidad Nacional de Cuyo, estudiantes, gremios, sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
La concentración está prevista para las 14.30 en el predio de la UNCuyo. La organización busca iniciar el recorrido con anticipación para facilitar la incorporación de las distintas comunidades educativas.
Desde la universidad, la columna avanzará por Lencinas hacia el centro y tendrá como destino final la Plaza Independencia.
La rectora Adriana García encabeza las reuniones de coordinación con representantes gremiales y diferentes sectores de la comunidad universitaria.
Será la primera Marcha Federal Universitaria de García como rectora, luego de asumir el cargo a mediados de agosto, aunque ya había participado activamente de movilizaciones anteriores.
El objetivo de la conducción universitaria es ampliar la convocatoria más allá de las facultades y agrupaciones estudiantiles. También se prevé la participación de:
El Consejo Superior de la UNCuyo ya había aprobado por unanimidad su adhesión a la movilización y reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
El eje central de la protesta será la aplicación de la Ley 27.795, que contempla mecanismos para recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas universitarias.
Las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo no implementó de manera integral las medidas previstas por la norma.
A este reclamo se suma el conflicto salarial que los gremios universitarios mantienen desde hace meses, con sucesivas jornadas de paro y movilizaciones en todo el país.
La situación también llegó a la Justicia. El juez federal Martín Cormick cuestionó la condición incorporada por el Gobierno para limitar la aplicación de la ley y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su ejecución.
La disputa comenzó luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario y el presidente Javier Milei decidiera vetarla mediante el Decreto 647/2025.
Las dos cámaras del Congreso rechazaron el veto con la mayoría de dos tercios requerida. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, aunque incorporó una condición vinculada a la disponibilidad de partidas presupuestarias.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, consideró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la Ley 27.795.
El Gobierno había advertido que el cumplimiento de la norma tendría un costo superior a un billón de pesos y comprometería una parte significativa de los créditos disponibles para el gasto primario.
La Justicia, sin embargo, consideró que la propia ley contempla mecanismos para afrontar sus costos. Entre ellos se encuentra la posibilidad de reasignar partidas y utilizar recursos derivados de una recaudación superior a la prevista.
El fallo no determina por sí mismo una nueva partida presupuestaria ni fija todas las cifras reclamadas por las universidades, pero impide utilizar la condición incorporada por el Ejecutivo como fundamento para mantener suspendida la aplicación de la ley.
La nueva marcha será el resultado de un conflicto que acumuló durante 2026 numerosas medidas de fuerza impulsadas por los gremios universitarios.
Las protestas incluyeron jornadas de 24 y 48 horas, semanas completas de paro, clases públicas y movilizaciones.
Entre las principales medidas se registraron:
En septiembre, el frente sindical profundizó el plan de lucha con nuevas medidas y un esquema de protestas que busca desembocar en la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.
Con la concentración prevista para las 14.30 en la UNCuyo, la movilización mendocina buscará reunir a distintos sectores alrededor del reclamo por el financiamiento de la educación superior pública.
La conducción de la universidad apunta a que las comunidades educativas puedan incorporarse progresivamente a la columna durante el recorrido hacia el centro.
La marcha tendrá como principales ejes el financiamiento universitario, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles, en medio de una disputa que ahora también tiene un capítulo judicial entre las universidades y el Gobierno nacional.
