Redacción Mendoza Times
La Oficina de Ética Pública de Mendoza inició una investigación para determinar si existieron irregularidades en el reintegro de más de $13,6 millones a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, por una maestría cursada en la Universidad Francisco Marroquín, de España.
La denuncia fue presentada el lunes 26 de octubre ante tres organismos provinciales: la Oficina de Ética Pública, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. En cada caso, se solicitó analizar distintos aspectos vinculados con la autorización del pago, el uso de los recursos públicos y el funcionamiento del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas.
La presentación plantea posibles incumplimientos de las normas de ética pública y cuestiona las condiciones en las que se autorizó el reintegro. Sin embargo, la existencia de una denuncia no implica que se hayan comprobado irregularidades: los organismos deberán analizar la documentación y determinar si corresponde establecer responsabilidades.
La denuncia quedó en manos de la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Oficina de Ética Pública, a cargo de Sebastián Giordano, que deberá avanzar con las actuaciones bajo secreto de sumario.
Uno de los puntos centrales es establecer si la autorización del reintegro respetó las disposiciones de la Ley provincial 8.993, que regula la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. En particular, se pide evaluar posibles infracciones relacionadas con la probidad, los conflictos de intereses y el deber de excusación.
El planteo se basa en que el pago de la maestría en Economía Medioambiental (MECOM) habría sido autorizado por integrantes del Comité Ejecutivo del fideicomiso, que se encuentran dentro de la estructura jerárquica del área conducida por Latorre.
También se solicita examinar la imparcialidad en la asignación de recursos provenientes de aportes obligatorios de empresas hidrocarburíferas, compañías que están sujetas a la regulación y fiscalización del Ministerio de Energía y Ambiente.
Latorre reconoció el reintegro y explicó que, según su interpretación, el pago está contemplado en las disposiciones del fideicomiso. De acuerdo con sus declaraciones a Diario UNO, los recursos destinados a capacitación pueden utilizarse para la formación tanto de personal político como de empleados de planta.
Esos fondos provienen de aportes obligatorios que realizan las empresas adjudicatarias de licitaciones hidrocarburíferas.
La investigación deberá determinar si el financiamiento de la formación académica de la ministra se ajustó a las normas aplicables, así como las condiciones bajo las cuales se aprobó y ejecutó el desembolso.
La denuncia presentada ante la Fiscalía de Estado solicita un control de legalidad y la protección del patrimonio provincial. Entre los aspectos cuestionados figura que la formación académica financiada con fondos públicos constituye un beneficio personal para quien cursa la maestría.
Además, el escrito advierte sobre posibles inconsistencias en las fechas de las firmas digitales vinculadas con la autorización del reintegro en dólares. Según la presentación, algunas firmas aparecen fechadas en febrero de 2026, con posterioridad a la emisión de la orden de pago.
Por su parte, ante el Tribunal de Cuentas se pidió una auditoría especial del fideicomiso, administrado por Mendoza Fiduciaria S.A. El objetivo es revisar comprobantes, rendiciones y movimientos relacionados con el patrimonio fiduciario, además del eventual uso de tarjetas corporativas.
La presentación también señala que Latorre figura registrada como proveedora en los sistemas oficiales de liquidación contable, con una denominada “Factura X”. Este punto forma parte de los elementos que se solicita examinar.
Los tres organismos deberán analizar la documentación correspondiente para establecer si existieron incumplimientos administrativos, contables o legales.
Las actuaciones en la Oficina de Ética Pública se desarrollarán bajo secreto de sumario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley provincial 8.993.
La norma dispone que estas investigaciones son secretas para resguardar el derecho a la intimidad y establece restricciones al acceso de los presuntos responsables a las actuaciones durante el procedimiento.
Ese carácter reservado se mantiene hasta el cierre de la investigación, con un plazo máximo de un mes previsto por la normativa citada.
Por este motivo, los avances del expediente podrían tener una difusión pública limitada mientras se desarrollen las medidas de investigación.
En paralelo a las presentaciones administrativas, el bloque Fuerza Patria solicitó la comparecencia de la ministra ante la Cámara de Diputados de Mendoza.
El pedido busca que Latorre informe sobre el marco contractual y normativo que habilitó el uso del fideicomiso para financiar la maestría, las conversiones de divisas aplicadas al reintegro y las eventuales garantías de devolución o transferencia de conocimientos a favor del Estado.
La Cámara baja deberá resolver en sesión si aprueba o rechaza la citación.
De esta manera, el caso tendrá un recorrido tanto administrativo como legislativo. Mientras los organismos de control analizan la legalidad y la rendición de los fondos, la Legislatura deberá definir si convoca a la funcionaria para que brinde explicaciones sobre el financiamiento de su formación académica.
