Redacción Mendoza TimesLa parálisis de la obra pública financiada por la Nación muestra sus consecuencias materiales en Mendoza. El freno y la posterior disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) provocaron una considerable postergación en la ejecución del Colector Paramillo – Colonia Segovia Etapa I, una obra de infraestructura clave destinada a evitar desbordes cloacales y el consecuente impacto ambiental en la zona de Los Corralitos, Guaymallén.
El proyecto había iniciado en abril de 2022 en el marco del Plan Federal de Agua y Saneamiento, con un plazo original de ejecución de 600 días que preveía su finalización para el cierre de 2024. Al momento del recambio de la administración nacional, los trabajos a cargo de la empresa contratista presentaban un 52% de avance, quedando completamente congelados durante meses. Ante la falta de respuestas de los fondos nacionales, el Ejecutivo provincial decidió absorber la continuidad del proyecto inyectando USD 8.923.730 provenientes de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial. Tras la firma del decreto regulatorio a principios de año, las tareas se retomaron en febrero y actualmente alcanzan un 71% de ejecución.
Desde Aguas Mendocinas (AySAM), detallaron que la obra resulta indispensable para mitigar el colapso de la denominada Colectora Máxima Noreste. Esta cañería troncal fue construida en la década de 1980 para transportar los efluentes de unos 180.000 habitantes; sin embargo, debido al crecimiento demográfico de Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, hoy recibe la descarga de 580.000 personas.
El diseño del nuevo colector busca tomar el caudal hacia el oeste, permitiendo dividir el flujo cloacal en dos ramas para reenviar la mitad de los líquidos de forma directa hacia el establecimiento depurador El Paramillo, reduciendo drásticamente la presión sobre los tramos más críticos del sistema actual.
Aunque se estimaba que la Etapa I podría concluir en el último trimestre de este año, desde AySAM admitieron que la ventana de parálisis obligará a postergar la inauguración definitiva del tramo hacia fines de 2027.
Para contener la situación de emergencia en la zona de afectación, la empresa estatal avanza en soluciones provisorias de corto y mediano plazo:
Un bypass alternativo de 450 mm presenta un avance del 85% de su traza.
El tendido de un aliviador de 800 mm registra un 77% de ejecución.
Se prevé la licitación a corto plazo de un sistema intermedio de impulsión y bombeo que demandará unos seis meses de obra.
La solución definitiva, no obstante, está atada al financiamiento internacional. Mendoza tiene en agenda una votación clave en Washington para la aprobación de un crédito por 150 millones de dólares a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Seguridad Hídrica. De confirmarse el desembolso, la provincia planea licitar de manera conjunta las etapas II y III del sistema antes de que termine el año, buscando ejecutar los tramos de alivio definitivos en paralelo al cierre de la primera etapa.
La crisis cloacal en el Gran Mendoza escaló también al plano judicial. El Ministerio Público Fiscal imputó formalmente a Humberto Mingorance y a dos gerentes de la firma estatal bajo la acusación de daño agravado y contaminación del agua de un modo peligroso para la salud.
La investigación penal se inició luego de que se constatara que operarios de la empresa rompieron de manera deliberada la infraestructura de un canal hídrico para desviar efluentes cloacales crudos, sin ningún tipo de tratamiento ni cloro residual, hacia los cauces de Los Corralitos. La causa judicial se apoya, además, en una sanción de 120 millones de pesos impuesta por el Departamento General de Irrigación, organismo que catalogó el vuelco de "gravedad excepcional". Ante la imputación, los directivos de la prestataria informaron que se encuentran a disposición de la Justicia realizando las presentaciones correspondientes.
