Martina PodaA pocos días de conmemorarse una nueva jornada de movilización bajo la consigna "Ni Una Menos" el próximo 3 de junio, el panorama social respecto a la violencia de género en la Argentina vuelve a encender las alarmas. Diversas organizaciones civiles expusieron datos que reflejan la persistencia de la violencia machista en un escenario caracterizado por el desfinanciamiento estatal y fallas en los mecanismos de protección.
Las estadísticas criminales varían levemente según los relevamientos de las entidades civiles. Mientras la organización La Casa del Encuentro reportó 87 femicidios en lo que va de 2026, la Red de Infancia Robada situó la cifra en 86 víctimas fatales en el mismo período. Estos crímenes se encuadran en un contexto donde el presupuesto destinado a las políticas públicas para atender la violencia machista sufrió un recorte estimado del 89%, de acuerdo con datos provistos por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La Red de Infancia Robada emitió un duro pronunciamiento tras los recientes crímenes de la menor Agostina Vega en Córdoba y de Dulce María en Misiones. La entidad civil denunció la existencia de una grave "violencia institucional" debido a fallas reiteradas en la activación de las alertas de búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas.
Respecto al caso ocurrido en Córdoba, la organización calificó el desenlace como un femicidio de responsabilidad institucional. Según argumentaron, el Estado provincial omitió la activación inmediata del protocolo federal conocido como "Alerta Sofía". Desde el foro social cuestionaron que las autoridades priorizaron el despliegue de seguridad para un evento deportivo antes que la localización de la niña.
A esto se sumó la denuncia de que el principal sospechoso del crimen contaba con condenas previas firmes por violencia de género y abuso sexual, permitiéndosele circular de forma libre por la comunidad sin que los vecinos conocieran sus antecedentes. Asimismo, la Red remarcó la persistencia de trabas y obstáculos en las dependencias policiales del país a la hora de asentar las denuncias por desaparición de menores de edad.
El próximo 3J tendrá un foco de atención particular en Mendoza, donde el movimiento de mujeres centrará sus reclamos en la defensa de una condena histórica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra próxima a revisar la impugnación del fallo dictado por el femicidio de Julieta González, una joven asesinada en la provincia en el año 2016.
El devenir judicial de la causa expone las tensiones de los marcos normativos actuales:
Primera instancia: En un inicio, el tribunal mendocino descartó la figura de femicidio y sentenció al acusado, Andrés Di Césare, a 18 años de prisión por homicidio simple, utilizando fundamentos considerados misóginos al evaluar la conducta social de la víctima.
Reversión en 2021: Tras masivas movilizaciones en las calles mendocinas, la Corte Suprema de Mendoza revocó el dictamen inicial y condenó a Di Césare a la pena de prisión perpetua bajo la figura de femicidio.
Situación actual: La defensa del condenado elevó un recurso ante el máximo tribunal de la Nación con el objetivo de anular la calificación de violencia machista. Debido a opiniones divididas entre los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte nacional debió convocar a conjueces de Mendoza y Chaco para destrabar la resolución.
Abogadas de organizaciones ligadas a la causa advirtieron que un fallo favorable para la defensa de Di Césare asentaría un precedente regresivo. De prosperar la impugnación, se convalidaría la tesis de que una mujer sin un perfil sumiso o retraído no puede ser encuadrada como víctima de violencia de género. Esto obligaría a las familias de futuras víctimas a demostrar obligatoriamente un historial de denuncias previas o una relación de pareja formalizada para aplicar el agravante penal.
Frente a esta coyuntura, agrupaciones civiles y políticas anticiparon que marcharán en la provincia con el rostro de Julieta González como principal bandera de reclamo, con el propósito de evitar un retroceso en las conquistas judiciales obtenidas por el movimiento de mujeres.
