Redacción Mendoza Times
La causa por violencia de género que tiene como imputado al exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, sumó un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales provinciales. La conjueza María Jimena González Pina rechazó de manera tajante el planteo de recusación presentado por la querella, que pretendía apartarla del expediente. No obstante, la resolución final quedará en manos del Tribunal Penal Colegiado, organismo que deberá revisar la medida una vez que se sorteen los magistrados intervinientes.
En paralelo a esta discusión sobre el "juez natural" del proceso, la abogada querellante, María Elena Quintero, formalizó una nueva solicitud ante la Fiscalía Nº 22 —encabezada por Valeria Bottini— para exigir la inmediata detención del exfuncionario de la gestión de Alfredo Cornejo. D’Agostino arrastra una imputación formal por coacciones en contexto de violencia de género y portación ilegal de arma de fuego de guerra, además de una denuncia conexa por presunto abuso sexual.
El planteo de la querella apuntaba a un supuesto condicionamiento institucional de la magistrada interina. La defensa de la víctima alegó que, al ser González Pina una postulante a cargos fijos en el Poder Judicial, su estabilidad laboral se encontraba atada a los "mismos estamentos políticos" vinculados al exsubsecretario. Además, fustigaron que la acordada de la Suprema Corte con su designación no había sido publicada en el Boletín Oficial.
Al fundamentar su rechazo, la conjueza González Pina expuso los siguientes puntos:
Legitimidad del cargo: Sostuvo que la condición de conjuez, designada bajo las normativas vigentes de la Suprema Corte de Mendoza, la habilita plenamente a actuar como Juez Natural, prescindiendo temporalmente del acuerdo del Senado.
Falta de pruebas: Calificó las sospechas de la querella como "meras especulaciones" sin sustento en evidencias objetivas.
Jurisprudencia: Recordó que el máximo tribunal provincial ya determinó que las designaciones interinas no violan las garantías del proceso ni habilitan a presumir que un juez fallará condicionado para obtener un ascenso.
La querella sostiene que D’Agostino no puede seguir el proceso en libertad debido a la existencia de supuestos riesgos procesales y maniobras activas de interferencia en la recolección de pruebas. Entre los nuevos elementos presentados para justificar el arresto, se denunciaron situaciones de extrema gravedad:
Filtraciones y presiones: La abogada Quintero denunció la presunta utilización de información reservada de legajos de menores de edad por parte de la defensa, el uso irregular de organismos de protección de la niñez para presionar a familiares de los testigos, y el llamativo "desarchivo" de una causa civil del año 2018 que coincidió con la denuncia penal.
Finalmente, el pedido de detención hace especial hincapié en el riesgo de fuga, fundamentado no en una tentativa previa, sino en el peso específico del imputado. Según la presentación, D’Agostino posee una "capacidad real de acceder a estructuras estatales" y una aceitada red de influencias políticas moldeada tras más de una década en las esferas de máxima jerarquía del Gobierno provincial. Por este motivo, también solicitaron resguardar la integridad de los testigos que restan declarar.
